Debe haber muchas personas, en Chile y el mundo, con las idas y venidas de la política chilena, que creen que los votantes chilenos son esquizofrénicos. De la refundación del país con el borrador de constitución de la Convención hasta su rechazo abrumador por los votantes en septiembre de 2022, las elecciones de nuevos constitucionales en marzo de 2023 y la propuesta bastante razonable de los “expertos” que designaron los partidos políticos para la primera etapa del nuevo esfuerzo constitucional.
No cabe duda de que los chilenos queríamos una nueva Constitución escrita en democracia que reemplazara a la del Presidente Lagos de 2005 –no era la de la dictadura, puesto que la del Presidente Lagos recogía más de 100 enmiendas a la que se nos impuso por la dictadura-. Una gran mayoría ya se ha manifestado por una Constitución que nos representara a todos razonablemente bien, aunque tuviésemos que transar nuestros más caros sueños. Y eso parece estar ocurriendo. Si las cosas siguen en la dirección que han tomado, tendremos al fin del túnel un documento que nos sirva para enmarcar las discusiones políticas que necesitamos para perfeccionar nuestra democracia y caminar a tranco firme hacia la satisfacción gradual de las necesidades que tantos compatriotas han expresado desde el llamado “estallido social”. Asimismo, la Constitución que la gran mayoría queremos es una donde sea posible retomar un crecimiento económico acelerado y sustentable.
Se lo quiera o no, esto implica estar devolviendo a la política hacia el centro, adonde, si uno examina bien la experiencia post dictadura, es donde siempre ha estado. En buena hora. ¿Cuáles son sus implicancias? En primer lugar, los logros a los cuales aspiramos solo se pueden alcanzar gradualmente. No hay atajos en este camino. Con el retorno del crecimiento, el gobierno tendrá más recursos. Por cada punto de crecimiento –si se mantienen las relaciones que han prevalecido en el pasado entre crecimiento del producto y crecimiento de los ingresos tributarios– estos últimos crecerán en 1,1 por ciento por punto porcentual de crecimiento. Grosso modo, un punto de crecimiento arrojaría un aumento en la recaudación de unos US$700 millones. Imagínese el lector cuánto podríamos aumentar la recaudación con un crecimiento del PIB de tan solo 4% (tasa bastante inferior que la de nuestra “época de oro”, 1990-98): ¡nada menos que en US$2,8 mil millones! Más que el Pacto Fiscal que está negociando el ministro Marcel. Desde luego, también hay un reconocimiento compartido que es indispensable modernizar al Estado. Ahora solo queda hacerlo.
En pocas palabras, todo parece indicar que volveremos al camino que se trazó la Concertación con el retorno a la democracia. ¡Qué bueno sería!
