Mientras el gobierno y la oposición no se muevan de los temas que los separan, no habrá un acuerdo en pensiones. No es ningún secreto que el gobierno tiene una profunda animadversión por las AFP (¿otro pecado de origen?) y desea verlas desaparecer, mientras la oposición las considera fundamentales. Esta columna abogará por reformar el sistema de capitalización individual sin crear una nueva institución y, a la vez, dotar de mayor solidaridad a la contribución adicional del 6%.
El gobierno ha declarado públicamente que desea aumentar las pensiones de las personas ya jubiladas que perciben pensiones muy insatisfactorias. Además, desean que el sistema tenga un elemento de solidaridad del cual, en estos momentos, carecería. Pues bien, luego de la instauración de la Pensión Garantizada Universal (PGU), las pensiones de los jubilados de bajos ingresos actuales y futuros ya han mejorado sustancialmente. Que es necesario hacer más a nadie le cabe duda. La PGU, financiada por los recursos tributarios del Estado, no solo mejora las pensiones de nuestros conciudadanos de bajos ingresos, sino que también le agrega un indesmentible elemento de solidaridad al sistema como un todo: las personas de altos ingresos tributan y no reciben PGU.
Si se deseara introducir un mayor grado de solidaridad, lo que es deseable, se puede hacer en forma bastante más simple que creando una nueva institución con el 6% de cotización adicional ya acordado. Basta que, de las cotizaciones adicionales del 10% superior de la distribución del ingreso, se destinara un 10% (equivalente a menos del 0,6 por ciento de sus ingresos) a un fondo que se crearía para mejorar la PGU en el futuro. Eso aseguraría que las pensiones que financia el fondo irían mejorando con el tiempo sin recursos del Estado.
Al mismo tiempo, se podría reformar el sistema de AFP para darle más legitimidad pública. Lo primero es fortalecer la Superintendencia que las regula. Si es verdad que estas empresas tienen una rentabilidad excesiva, la Superintendencia tiene todas las herramientas para fijar las comisiones por sus servicios. Una reforma indispensable es pasar de una comisión en base a los ingresos de los cotizantes a otra en base a los patrimonios administrados. Es indispensable fijar adecuadamente su nivel para asegurar una rentabilidad razonable y no excesiva para las empresas que gestionan los fondos. Para ello, se hace necesario estudiar este asunto con la máxima urgencia e imparcialidad. Una segunda reforma sería abrir la industria a otros actores que actuaran en una cancha pareja para todos. Para que el sistema funcione bien no es necesario crear una nueva entidad, que indudablemente será muy costosa en recursos públicos. Basta con un rediseño de lo que ya tenemos.
Por Manuel Agosin, académico FEN, Universidad de Chile
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