En estos días desde que la pandemia del Covid comenzó a darnos tregua, nos hemos percatado una vez más del desastre de nuestra educación. A los problemas que traíamos se le agrega ahora la deserción escolar en la enseñanza media y la mala conducta y agresividad de los alumnos. Lo que más preocupa es la calidad de la educación que reciben la mayoría de nuestros jóvenes. Las pruebas PISA de la OCDE, que miden el uso de conocimientos en la vida diaria de jóvenes de 15 años, nos ubica en niveles bien bajo la media. Incluso algunos países de Europa Oriental de similares niveles de ingreso nos superan en estos ranking.
Día a día vemos el deterioro de nuestra educación pública. Los colegios públicos “emblemáticos”, que ya dejaron de serlo, han descendido en su ubicación entre los colegios con los mejores puntajes en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), a estar entre los 100 a 300 colegios en dichos puntajes. Estos colegios se han convertido en centros delictivos, donde los estudiantes, ahora en overoles blancos, queman autobuses del transporte colectivo o intentan incendiar sus propios establecimientos. El interés por aprender, la obediencia a la autoridad y a los profesores, es un triste recuerdo de otras épocas. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Por qué los apoderados, sostenedores o directivos de estos establecimientos no hacen nada por sacar a sus instituciones de este declive?
Las brechas entre los colegios privados y públicos en los puntajes de ingreso a las universidades selectivas se han ensanchado. Los colegios más estancados son los municipales. No es de extrañar que el porcentaje de la matrícula, año a año, se vaya inclinando a favor de los particulares subvencionados. En ambos tipos de colegios es donde se juega la batalla por una educación de calidad, pero particularmente entre los municipales, donde están las mayores brechas.
Esto debería ser motivo de una cruzada nacional, en que estudiantes, educadores, apoderados y todos los ciudadanos interesados debiesen ser partícipes. Del gobierno se escucha poco o nada; los profesores parecen defender sus intereses propios en lugar de preocuparse por lo que sus pupilos están aprendiendo, y la ciudadanía espera un liderazgo del Estado que no llega.
La mejoría de la calidad de la educación es un objetivo prioritario para lograr el desarrollo económico, porque una mano de obra educada permite que el país pueda realizar inversiones que requieren de personas con mayores habilidades. Y son justamente las empresas que invierten en nuevos bienes y en procesos más sofisticados las que pagan mayores salarios. La educación de calidad también es un medio de movilidad social importante, como nos lo recuerda la historia de los colegios emblemáticos, ahora tan a mal traer. ¿Hasta cuándo vamos a esperar?
Por Manuel Agosin, académico FEN, Universidad de Chile
