Todos estamos cansados de la incapacidad del sistema político para ponerse de acuerdo sobre cómo reformar el sistema de pensiones. La aprobación de la Pensión Universal Garantizada (PGU) mejoró sustancialmente las pensiones de los grupos de menores ingresos, al punto que para muchos de ellos se superó la tasa de reemplazo (la pensión relativa al promedio de las remuneraciones de los últimos tres años) considerada por los especialistas en pensiones como adecuada (70%). Asimismo, los retiros de los fondos de pensiones tuvieron un resultado inesperado: los cotizantes se dieron cuenta que en efecto existían esos fondos y que eran bastante cuantiosos. Es así como la evaluación de las AFP comenzó a mejorar entre los cotizantes.
Nadie, que yo sepa, ha hecho un estudio de la rentabilidad de las AFP. Es relativamente fácil calcularla y es indispensable para evaluar si las comisiones son altas o bajas. Como ellas son sociedades anónimas, la información está disponible para cualquier persona, ya que tienen que entregar trimestralmente su estado de resultados y su hoja de balance a la Comisión del Mercado Financiero. Además, están reguladas por la Superintendencia de Pensiones.
La PGU ya le introdujo un elemento de solidaridad al sistema de pensiones, porque se financia con recursos generales de todos los contribuyentes y va a las personas de ingresos bajo un cierto umbral (el 90% más pobre de los hogares). Se podría introducir un mecanismo adicional de solidaridad incluso si el 6% de las contribuciones de los empleadores fuesen a las cuentas individuales que los cotizantes mantienen en las AFP. A los cotizantes que estén en el 10% superior de la distribución del ingreso se les retendría un 10% de las cotizaciones con cargo a los empleadores y esos recursos irían a una cuenta que financiaría, por lo menos en parte, las mejoras futuras a la PGU, hasta que ésta llegue al nivel del salario mínimo. Fácil de implementar y no requeriría una mayor burocracia estatal.
Reemplazar a las AFP por una entidad pública y permitirles a las AFP que participen solo en la gestión de fondos, como propone el gobierno, es la solución más cara y engorrosa. Nuevos empleos públicos para algo que ya se está haciendo bien, a saber, recibir las cotizaciones, informar periódicamente a los cotizantes acerca de los fondos acumulados y gestionar las pensiones) y un aprendizaje largo para los nuevos administradores que, obviamente, no van a conocer el rubro. Es mucho más barato mantener el sistema como está y darle más poderes a la Superintendencia de Pensiones para que regule las comisiones (las que deberían migrar hacia un porcentaje de los fondos administrados), si una mirada a las rentabilidades revela que estas empresas están obteniendo ingresos netos desmedidos.
Por Manuel Agosin, académico FEN, U. de Chile
