Columna de Manuel Guerra: Crisis de la seguridad en Chile

Por Manuel Guerra, académico de la Fac. de Derecho USS y ex fiscal regional oriente

Sin duda, uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía es la delincuencia y sus peligrosos efectos. Autoridades de distintos ámbitos coinciden en que vivimos una crisis en materia de seguridad pública, la cual ha sido descrita por el subsecretario de Prevención del Delito como la peor época en materia de seguridad en los últimos 30 años.

El aumento de los homicidios, robos violentos y el uso de armas de fuego, son factores que acrecientan la percepción de inseguridad de parte de los chilenos, lo que daña la confianza en el Estado y sus instituciones.

Más allá de la constatación del fenómeno y del diagnóstico compartido en cuanto a la realidad que vive el país, lo que resulta preocupante es la baja capacidad de respuesta por parte de las instituciones estatales.

Uno, sino el principal factor que afecta la elaboración de soluciones, es la circunstancia de haber hecho de la seguridad pública un tema propio de la agenda política contingente, toda vez que esto incide en la preferencia electoral de los ciudadanos.

Otro factor que impacta la búsqueda de soluciones es el hecho de que siempre se opera bajo urgencia, lo cual lleva a políticas efectistas, pero no eficaces para evitar la comisión de delitos. Así, resulta común ver que ante cada problema que se evidencia en materia de seguridad, la respuesta sea legislar creando nuevos delitos o promoviendo elevar penas.

Así, vemos cómo se han elevado las penas en muchos delitos, particularmente los robos y los homicidios, pero pese a esto, la evidencia nos muestra que estos, lejos de bajar, aumentan.

Lo anterior, demuestra que la amenaza de una pena mayor no logra el efecto buscado, por lo que poner el énfasis de las políticas públicas en la represión del delito cometido no es la mejor receta. Muy por el contrario, las sociedades más desarrolladas destinan gran parte de sus recursos a prevenir la ocurrencia de delitos y eso requiere una mirada integral del fenómeno delictual.

En efecto, la primera gran definición es la creación de una política estatal de seguridad pública, en la cual se involucren todos los sectores y no que esto sea una responsabilidad única de quien gobierna. Los énfasis de dicha política deberían ser la generación de medidas de prevención de orden policial y social, las cuales requieren de una debida coordinación entre las distintas agencias estatales encargadas de la materia.

En ese sentido, resulta fundamental poner el acento en problemas como la tasa de deserción escolar, así como también en el consumo de alcohol y drogas de niños y adolescentes de sectores vulnerables.

Finalmente, hay que generar indicadores de esclarecimiento de delitos para las policías y el Ministerio Público, a efecto de por esta vía reforzar la vigencia del estado de derecho, la cual hoy se ve amenazada. Un estado de derecho con lugares del país en que no se aplica la ley, no es un estado de derecho y de eso Latinoamérica es triste testigo.