El sistema previsional chileno es un espejo que refleja las desigualdades económicas y sociales más profundas del país. Desde su instauración bajo un régimen dictatorial, ha sido objeto de debates intensos que no han logrado materializar cambios significativos. En este contexto, la reforma previsional presentada por el actual gobierno ha sido recibida con fuertes críticas por parte de amplios sectores, no solo por su incapacidad para atender las demandas sociales, sino también por reforzar un modelo que privilegia a los grandes conglomerados económicos por sobre las necesidades de la ciudadanía.
El programa de gobierno prometió un cambio estructural en el sistema previsional, asegurando que ni un peso más iría a las AFP. Sin embargo, el proyecto final contradice este principio fundamental. La introducción de un 7% adicional de cotización, perpetúa un sistema de capitalización que ha demostrado ser incapaz de otorgar pensiones dignas. Esto evidencia la influencia de los intereses empresariales sobre el diseño de políticas públicas.
Uno de los aspectos más debatidos del proyecto es la ausencia de un gestor público que administre los fondos de manera eficiente y garantice su utilización en beneficio del interés colectivo. Un proyecto de ley futuro no asegura su existencia, menos en las condiciones de un administrador único del sistema. Un gestor único de carácter público reduce los costos del sistema y regula los conflictos de intereses que existen al momento de definir los sectores en que se invierte el principal fondo de los trabajadores. Además, bajo el actual modelo, la falta de separación entre las funciones de administración y gestión de inversiones perpetúa prácticas que favorecen a un pequeño grupo de conglomerados económicos, consolidando un modelo rentista y excluyente.
Aunque la propuesta incluye un aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250.000, este monto es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los jubilados, además no se reduce la edad en que se otorga este beneficio a las mujeres de 65 años a 60 años.
Por otro lado, los ahorros previsionales continúan siendo invertidos mayoritariamente en mercados de capitales que no generan beneficios directos para la economía chilena ni para los afiliados. Este modelo favorece a grandes grupos económicos que acceden a capital barato, mientras que los trabajadores enfrentan riesgos elevados y bajas rentabilidades. Una reforma estructural debería reorientar estos recursos hacia proyectos productivos que promuevan el desarrollo sostenible y generen empleo.
La introducción de nuevos actores, como cooperativas o gestoras independientes, podría parecer una medida para fomentar la competencia. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que este tipo de cambios tiende a encarecer el sistema, incrementando las comisiones y consolidando las prácticas colusivas. En lugar de diversificar el mercado, estas medidas fortalecen el statu quo.
La reforma previsional presentada representa una oportunidad perdida para abordar de manera estructural las desigualdades del sistema. En lugar de proponer cambios transformadores, el proyecto refuerza las dinámicas que han perpetuado la inequidad y la precariedad en las pensiones. Para avanzar hacia un modelo más justo, es necesario priorizar el interés colectivo, establecer un sistema público y solidario, garantizar que los ahorros de los trabajadores se utilicen en beneficio del desarrollo nacional y que las inversiones del mayor fondo de ahorro en Chile, generen altas rentabilidades.
Chile se encuentra en una encrucijada histórica. Es imperativo que los legisladores actúen con responsabilidad y rechacen cualquier medida que perpetúe las desigualdades que han marcado nuestra historia reciente.
Por Marcela Vera, economista, académica Universidad de Santiago, Facultad de Administración y Economía
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.