Por Marcelo Drago, expresidente del Consejo para la Transparencia.
La Convención Constitucional intentó tomar distancia del Congreso en múltiples ámbitos, y convertirse en vanguardia y sede de innovación. Frases “por primera vez en la historia” y “no somos parlamentarios” se escucharon y se siguen escuchando hasta hoy.
Creo que en los siete mecanismos de participación popular que se pueden contar lo lograron. Si bien retrasó comisiones clave, o se platearon reglas equivocadas, -rechazos en comisión de iniciativas populares, cuando se debió reservar al pleno-, puede reconocer un avance. En cuanto a la participación indígena, más que voluntad o innovación, son un acto de justicia y una obligación internacional.
Pero en materia de ética, transparencia y acceso a la información pública, por ponerlo en una línea, se cumplió, con pocas innovaciones, pero relevantes.
Los convencionales publicaron sus declaraciones de intereses y patrimonio en infoprobidad, la información básica de transparencia activa está disponible, las citaciones, videos de sesiones, registros de votaciones, e informes son públicos con estándares de oportunidad menores que en el parlamento, pero suficientes.
Hay cuestiones graves, pero de simple resolución. Por ejemplo, la iniciativa 796, “In dubio Pro Natura”, si intentan buscarla en la plataforma de la Convención usando el buscador de iniciativas, ésta no existe. Pero no sólo existe, ya fue discutida y aprobada en general por la Comisión de Medioambiente, de donde Juan José Martin, su autor, es uno de los coordinadores. Como este ejemplo hay varios más. También hay registros de votaciones de comisión inentendibles.
En materia de lobby, a pesar de lo “histórico” de la Convención al respecto, la verdad es que se quedó con “el desde”. Las reuniones se registraron y publicaron, es lo que está en la ley actual. No se avanzó en registro de lobistas para saber quienes los contrataban y para qué materias, ni se planteó la declaración de intereses para conocer los compromisos y verdadera independencia de los expertos que acudían.
No se puede obviar, la situación del Convencional Rodrigo Rojas que pesará en la historia. Aun se le pide el voto en el pleno. Debió excluirse definitivamente. Si se le sugería pasar 30 días fuera del país perdía su cargo de pleno derecho, de acuerdo al art. 60 de la Constitución. Aún es posible.
Pero hay algo efectivamente innovador y un avance en materia de transparencia, acceso a la información y probidad. Los convencionales no son juez y parte en las disputas sobre estas materias. Establecieron un órgano externo, con personas independientes que resuelven estos conflictos, el “Comité de Ética, Probidad, Transparencia, Prevención y Sanción de las Violencias”. Tuve la oportunidad de proponerlo a la Comisión de Ética al inicio del proceso, creo que materializar esta fórmula fue un acierto. Solo hay verdadera rendición de cuentas cuando existe a un tercero imparcial que la puede exigir.
En materia de acceso a la información, la Convención está detrás el Congreso. Pero en la resolución de disputas de transparencia o en cuestionamientos en materia de ética y probidad, se puso delante.
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