Columna de Marcelo González G.: Escuchar a los afectados para avanzar en un modelo de gestión
Un par de meses después del incendio que asoló la Quinta región el año pasado, conocí a don Jorge, un hombre de 70 años que perdió todas sus posesiones materiales por la catástrofe. Todo, excepto por un trozo material indistinguible, de color gris y con forma de s, que guardaba sagradamente en el bolsillo de su pantalón. “Cuando volví después del incendio, esto era lo único que quedaba de mi casa”, me dijo, sosteniéndolo sobre su mano derecha. En su sitio ya había instalada una mediagua -regalada por una conocida influencer un par de días después del incendio- y una casa prefabricada, donada por un “particular”, y levantada de a poco con la ayuda de familiares. Tanto él como su señora se mostraban muy agradecidos de incontables muestras de ayuda desinteresada de parte personas anónimas, y a la vez abiertamente críticos de la ausencia del “Estado” en el proceso de reconstrucción. Meses después, trabajando con las comunidades afectadas por el mismo incendio, ahora en Quilpué, los reclamos de don Jorge encontraban eco en los testimonios de numerosos pobladores que habían iniciado procesos de auto reconstrucción, y otros que todavía esperaban una respuesta de parte de algún funcionario.
Horas después de una catástrofe sin precedentes en la larga historia chilena de desastres, el caos de las llamas fue reemplazado por ejércitos de voluntarios, medios de comunicación, y funcionarios encargados de visibilizar la magnitud de los eventos. Con mucho voluntarismo, y sin gran coordinación efectiva -más allá de la que podían entregar instituciones locales abiertamente sobrepasadas- las intervenciones se multiplicaban sin necesariamente producir un correlato real en la vida de los afectados. A diferencia de lo que ocurre con la ayuda de “particulares”, que se materializa inmediatamente y usa los canales vecinales para su distribución, cualquier intervención estatal requiere de un esfuerzo intersectorial que muchas veces no puede moverse con la rapidez que lo necesita quien lo ha perdido todo. La dificultad aumenta cuando consideramos que gran parte de las zonas afectadas, originalmente de ocupación irregular, no admiten una reconstrucción sin la realización, primero, de medidas de mitigación frente a riesgos de nuevos incendios y remociones de masas.
Por supuesto, no es que el Estado no se haya ocupado de la reconstrucción. Basta pasar un par de días por los sectores afectados para notar su omnipresencia. Pero ciertamente la misma no ha cumplido las expectativas de los afectados, muchas veces por una imposibilidad material de parte de los interventores. A partir de la investigación que hemos realizado dentro de Cigiden, nos parece fundamental, para evitar situaciones semejantes en el futuro, generar una instancia de coordinación intersectorial que evite duplicidades de labores y una yuxtaposición de esfuerzos. Asimismo, es preciso integrar la fase de recuperación a las labores de esta coordinación, y no generar una diferenciación práctica con la fase de respuesta. Ambas deben ser encaradas de manera integral. Por último, nos parece imprescindible aumentar la información disponible con respecto a los riesgos y desastres pasados, a fin de generar consciencia entre la población y decisiones informadas de parte de las autoridades. Con este fin, por ejemplo, Cigiden desarrolló la plataforma “Repositorio del Desastre”, que disponibiliza de manera abierta la información sobre el desastre ocurrido, recabada por investigadores del Centro. Una sociedad consciente de su historia y su entorno, es una sociedad que puede responder de mejor manera a las amenazas que se le presentan. Trabajemos juntos por construirla.
Por Marcelo González Gálvez, académico Escuela de Antropología UC, investigador Cigiden y Proyecto Anillos Cycc
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