Chile ha gozado de más de una década de crecimiento explosivo de energías renovables. El año 2013 casi no teníamos energía del sol, ni del viento. Este año estas dos últimas fuentes de energías limpias superaron el 30% de nuestra energía eléctrica y terminarán el año aportando un poco más de un tercio de lo que consumimos. Lo hemos logrado porque la política energética vigente ha sido adoptada como política de Estado. Así las reformas impulsadas por durante el gobierno de la presidenta Bachelet han sido continuadas durante los gobiernos de Piñera y Boric. Lo mismo ha ocurrido con la acción climática, donde los compromisos climáticos son hoy ley, y donde cada gobierno ha adoptado medidas más ambiciosas que el anterior. Es lo que requerimos para hacer frente a la crisis que definirá nuestro desarrollo este siglo. Swiss Re, la reaseguradora suiza estima que Chile puede perder 27% de su PIB al 2050 por razones climáticas. Es decir perder más de dos décadas de crecimiento. Con razón las instituciones financieras globales públicas (FMI) y privadas están tomando este riesgo existencia en cuenta.
La volatilidad de los precios de combustibles importados nos hace pensar en que la acción climática contribuye a una mayor estabilidad económica. Por ejemplo, el impacto del alza de precio del diésel ha impactado menos al sistema de transporte público de Santiago, porque una proporción importante de los buses que circulan por las calles de la capital son eléctricos (en noviembre los primeros buses cumplen 5 años de operación). Si hace un par de años cada bus ahorraba al sistema en torno a 40 mil dólares al año, hoy eso está más cerca a los 60 mil dólares.
Pero hay algo que se debe transparentar. Para dar los pasos hacia la descarbonización se requiere una enorme cantidad de inversión y crecimiento. Por ejemplo, para cumplir un calendario asociado a la carbono neutralidad al 2050, de acuerdo a un estudio de Chile Sustentable, se requiere 19GW de energía renovable nueva. Para apuntar a una matriz sin gas natural se requieren 23GW de energía renovable al 2035. Es decir, en estos próximos 12 años debemos instalar el doble de la energía renovable que logramos esta última revolución energética. Esto gatillará más de 20 mil millones de dólares en inversión, y generará decenas de miles de empleos, como ha estipulado un reciente estudio de ONU Ambiente.
Pero hemos visto los desafíos que esto traerá. Desde desplazar despacho de renovables por el gas natural inflexible, la falta de un precio de carbono que refleje el daño climático, los cuellos de botella en la instalación de transmisión, la falta de incentivos para el almacenamiento, o más recientemente los permisos ambientales.
En este último tema hemos visto que el sistema no está preparado para tramitar proyectos de la envergadura que se avecina, y eso no es un tema local. En Estados Unidos la capacidad instalada en lista de espera para conectarse es equivalente a la capacidad instalada actual. En Europa la proliferación de proyectos ha duplicado el tiempo de trámite en los permisos ambientales, y por ello se decidió recientemente acelerar el proceso de evaluación, pues las demoras benefician a un status quo contaminante.
En Chile tenemos la oportunidad de hacer una reforma corta que permita facilitar este tipo de proyectos. En el corto plazo se deben eliminar las instancias políticas del SEIA, las que sólo contribuyen a dilatar la evaluación. En tiempo reciente hemos visto cómo esa instancia ha sido utilizada para presionar la aprobación de proyectos, o una instancia de figuración política de seremis, quienes chutean el problema a Santiago. El comité de ministros por otro lado se ha vuelto un lugar donde se deben asumir responsabilidades políticas por decisiones que deben ser técnicas. Proyectos como Hidroaysen o los Rulos esperaron su turno por más de 3 años, con decisiones que no fueron determinantes para una eventual judicialización. Eliminar la COEVA y el comité de ministros disminuirá entre 1 a 3 años el proceso de evaluación ambiental. En etapa regional que el director regional del SEA resuelva la aprobación o rechazo, y en etapa recursiva que sea el director nacional que tome la decisión. Si los privados o la comunidad están en desacuerdo, tendrán un Tribunal Ambiental y una Corte Suprema. Lo segundo es mejorar los procesos de permisos ambientales post resolución de calificación ambiental. Hoy estos permisos contradicen la visión de ventanilla única que se tuvo para el sistema, debiendo los privados continuar lidiando con los servicios una lograda la RCA. Se deben uniformar los criterios y los plazos, pues no puede ser que algunos de estos permisos demoren semanas mientras que otros demoren meses. Muchas veces por razones que no tienen nada que ver con lo ambiental. Y en última instancia se requiere que el estado de una buena vez invierta en líneas bases para poder evaluar mejor los proyectos. Hoy el sistema pide al privado determinar la línea base de un proyecto para así determinar los impactos del proyecto, y luego puede decidir dar término anticipado a la evaluación por carecer de elementos relevantes y esenciales para la evaluación. El estado se puede anticipar las zonas donde los proyectos se desarrollarán y desarrollar líneas bases que faciliten la evaluación ambiental. El estado puede así también hacer uso de herramientas como el ordenamiento territorial y la evaluación ambiental estratégica para poder así determinar las mejores zonas para poder llevar a cabo la generación renovable, producción de hidrógeno verde, o transmisión eléctrica, y no dejar al privado tener que enfrentarse a un sistema que ve todo caso a caso.
Esta reforma debe hacerse ahora, y debe ser simple. Es un error querer hacer una gran reforma al SEIA sin abordar estos cambios urgentes en lo inmediato. Sabemos el destino de las grandes reformas que requieren un compromiso político y un desgaste que es imposible en el contexto de la gran presión legislativa que tendrá el Congreso. Por lo demás una reforma profunda al SEIA requerirá una gran participación ciudadana, cuestión que no será inmediata.
Cada día que dejemos pasar es un día a favor del status quo. No podemos esperar que todo cambie para que algo cambie. Porque lo único que cambiará será el clima. El tiempo está para una reforma del SEIA pro inversión para la descarbonización. Una de las mejores reformas que podría dejar este gobierno para el desarrollo sustentable.
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