Pocos días antes del cambio de gobierno, el Presidente Piñera despachaba, luego de una intensa tramitación en el Congreso, la Ley de Protección Integral de la Infancia, conocida como Ley de Garantías. Ya lo había hecho algunas semanas antes con el Servicio de Protección “Mejor Niñez”. Ambos cuerpos legales fueron catalizados por las observaciones que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, a través de el Comité de Derechos del Niño, hiciera llegar al Estado de Chile el 2018, configurando graves y sistemáticas vulneraciones a los derechos ratificados por nuestro país hace más de tres décadas. Hace algunos días, Cristián Acosta, activista de Infancia -en un acto del INDH- llevó al Presidente Boric a ratificar la vigencia de las observaciones del organismo Internacional.
En efecto, pese al nuevo marco Legal, no se han materializado los cambios necesarios y adecuados a la forma de relacionarnos con la niñez como sujetos de derechos, reconociendo su capacidad, autonomía progresiva e interés superior, conceptos que pese a ser principios fundamentales de la nueva ley, expresados incluso en el artículo 50, no se condice con el estándar vigente de representación jurídica, puerta de entrada a la garantía de todos los otros derechos. Asimismo, una de las mayores crisis de la niñez, precisamente, se observa en el aumento sostenido de las listas de espera en el Servicio de Protección, tema señalado en numerosas oportunidades por la Corte Suprema, garantes y por la sociedad civil.
A los 44 mil cupos pendientes que afectan a más de 25 mil niños/as en el sistema ambulatorio se sumarán un número no determinado de nuevos casos, producto de la anulación del 2do proceso licitatorio que afecta la provisión de diagnósticos clínicos, necesarios precisamente para reducir las listas de espera. Asimismo, la Comisión Investigadora de Explotación Sexual Comercial Infantil en Centros de Protección del Estado, presidida por la diputada Maite Orsini, fue categórica en concluir la inexistencia de espacios preventivos, tratamiento integral y mecanismos de reinserción social para las víctimas.
Otro antecedente que da cuenta del estado de la niñez al 2022 es el agravamiento de la exclusión escolar que supera los 50 mil niños al año adicionales y con cerca de 1,3 millones en riesgo de ausentismo crónico. Entendiendo que la exclusión escolar es la puerta de entrada de otras graves vulneraciones, hemos podido observar un aumento sostenido en la participación de niños y adolescentes en delitos graves contra las personas, reclutados por bandas criminales al servicio del narcotráfico. Con todo, la implementación del nuevo sistema de protección integral suponía la instalación activa de las oficinas locales con una oferta y modelos de intervención preventivos con evidencia. Sin embargo, la velocidad de instalación está lejos de ser la adecuada para dar respuesta oportuna a las necesidades locales a fin de no avanzar en la cronificación que derive en un colapso inexorable de “Mejor Niñez”.
Con apenas 17 oficinas -en la actualidad- la brecha se hace cada vez más grande en el corto plazo y la capacidad de implementación con un nuevo estándar de la oferta no parece tener cambios sustantivos más que la transformación nominal de las antiguas oficinas de protección. Frente a una evidente necesidad de una agenda temprana de prevención social y la crisis en materia de salud mental, la mirada ha sido más bien reactiva, focalizada cuando las vulneraciones ya se manifiestan y se hace más difícil un cambio necesario para recuperar el desarrollo positivo de la niñez. El 2022 parece no solo no mostrar un avance pese a los cambios legales, sino por el contrario, queda de manifiesto que nuevamente la niñez está presente solo en los discursos, pero se encuentra, lamentablemente, muy lejana de las acciones. Es momento de cambiar la perspectiva y poner a los niños y niñas en el corazón de las políticas públicas de una vez por todas.
Por Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo
