Columna de Marcelo Sánchez: Delincuencia: El costo lo pagan los niños
No hay nada más elocuente frente a una crisis de seguridad como la que estamos enfrentando que la muerte de niños en lugares en que debieran contar con total protección. Nada puede normalizar hechos de tal gravedad que afectan a quien está bajo cuidado de sus cercanos, que inocente se aferra a ellos sin saber qué a pocos pasos enfrenta el patíbulo criminal que apaga su vida. Ni las disputas territoriales de las bandas organizadas, ni la falta de recursos para atención especializada, ni la negligencia en las labores de protección, no hay relato que pueda siquiera contextualizar para entender lo sucedido, menos aún para justificarlo.
El cambio de rutas del narcotráfico y la irrupción de organizaciones internacionales ha alterado profundamente la calidad de vida en muchos barrios y sectores del país, los homicidios han crecido a una tasa superior a 48% al año 2022 e incluso en el contexto de la responsabilidad penal adolescente, con un 6,5% del total de asesinatos cometidos por niños, su tasa de crecimiento es incluso superior al Sistema Penal Adulto. Más de un 40% creció el 2022 la denuncia en abuso sexual y se duplicaron holgadamente las denuncias de explotación sexual en niñas.
La crisis de seguridad golpea con brutalidad a la niñez, expuesta a riesgos que crecen sin una barrera de contención que los frene. La exclusión educativa del año 2022 fue una de las mayores registradas y aún no es posible contener su impacto y revertir de manera importante sus efectos; el ausentismo crónico es un desafío latente al que situaciones como las vividas en el norte del país, con largos períodos sin poder ir a clases, o las bibliotecas cerradas al término del año escolar por conflictos gremiales, los problemas de gestión y administración de la infraestructura pública educativa, lesionan y van erosionando la escuela como factor protector que es acechado por nuevos canales de distribución de drogas de bajo costo y alto poder adictivo que buscan consolidarse en el mercado infantil. La tusi llega a la sala de clases y con ella también la violencia en grados que no habíamos visto contra profesores, que agotados y exigidos por una dura realidad enfrentan también demandas urgentes en salud mental, la misma que está colapsada para el acceso en los niveles infanto-juvenil.
Las familias, por otro lado, ven cómo estos riesgos emergen con inusitada fuerza cada vez más tempranamente. El consumo de alcohol, no obstante los avances exhibidos en la población general, afecta de manera significativa a la población infantil; los medicamentos sin receta en la cola de la feria son una amenaza para padres y cuidadores que ven a sus hijos accediendo a ellos con la misma facilidad con que pueden adquirir un arma modificada, cuando son reclutados por bandas criminales que buscan impunidad social, secuestrándolos a través de la narcocultura, para brindarles las oportunidades y reconocimiento que no tuvieron en la escuela que los expulsó, en la familia que los abandonó o el sistema de protección del que son tan sólo un egreso administrativo. Niños que antes jugaron a la pichanga en la cancha del barrio transformada hoy en polígono de tiro de bandas rivales, que vieron perder los pocos espacios de áreas verdes en medio de la destrucción y violencia normalizada.
El costo de la delincuencia, primero lo pagan los niños. Los que ya no juegan, prisioneros en su casa, pensando que al menos allí estarán con vida. Esa no fue la historia de Anthony. Hoy muchos niños caen en los que debieran ser sus entornos protectores, más de 50 cada año mueren en distintas circunstancias, algunos protagonistas de delitos, otros por estar en el momento y lugar equivocados, pero también quienes en la inocencia más absoluta han sido solo un recurso para infringir un dolor insoportable al adversario.
Si hoy queremos cambiar esta realidad, las querellas llegan tarde. Debemos ser firmes e inteligentes contra el delito y fortalecer los ámbitos protectores de la niñez, en la familia, en la escuela y en la comunidad, impulsando una Agenda Temprana de Prevención Social con una oferta de calidad y con evidencia, con cobertura y disponible en cada barrio. Debemos llegar antes y dejar de llegar tarde, cerrar las brechas que abren espacio a quienes instrumentalizan a los niños, a los que los usan y que jamás se detendrán si no le damos la urgencia que requiere no hipotecar el presente y futuro de nuestro país.
Por Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo
