Pese que aún no estamos en invierno, ya hemos sido testigos de dolorosas muertes de lactantes por la saturación de la Red de Salud en Valparaíso. Cuesta entender que la red solo considere plazas públicas ante una crisis vital de estas características, por lo que cabe preguntarse si tal disponibilidad de camas pediátricas, consideró el universo total de la oferta.
La falta de garantía de derechos básicos, como el acceso a la salud para los niños, resulta contradictorio ante la existencia de marcos normativos nacionales e internacionales. Nuestro país ratificó hace 3 décadas la Convención de los Derechos del Niño y hace poco más de un año se encuentra en implementación la Ley de Protección Integral de la Niñez (llamada también de Garantías). Dicha ley establece un catálogo de derechos y una bajada organizacional del sistema en las Oficinas Locales de la Niñez que debieran contar con “Potestad Administrativa” para ejercer dicha protección ante el Inter sector. Asimismo, la protección reforzada frente a graves vulneraciones queda en el Servicio Mejor Niñez con la “Protección Judicial”. Por último, en este sistema se enmarca el nuevo Servicio de Reinserción Juvenil. Con todo ello se hace evidente la implementación y cumplimiento deficiente de las nuevas leyes.
Hoy ya existe una comisión investigadora a la implementación de “Mejor Niñez” que exhibe listas de espera históricas, más que duplicando las existentes en septiembre de 2021, en donde ni siquiera hay acuerdos entre lo que informa la Corte Suprema y el Servicio.
El avance de la ejecución de la Ley de protección integral de la Niñez ha sido lento. Pese a que en 2022 se aprobaron los recursos para la implementación de 90 oficinas locales, solo estuvieron disponibles 18 y recién a fines de diciembre de ese año se transfirieron los recursos comprometidos a los municipios.
Con el cambio de autoridades de la Subsecretaría, se ha dado un impulso muy relevante que busca imprimir un nuevo ritmo a la implementación, pero, aunque cuentan con equipos en instalación, no hay plena oferta y gestión de casos, con la debida “Protección administrativa” y “Modelo de intervención”, más aún pues hay reglamentos fundamentales que no se han aprobado para su funcionamiento desde Contraloría.
Esta capacidad local es fundamental, pues sin ella las políticas y los marcos legales no se traducen en acciones concretas, las necesidades de los niños no se abordan debido a una falta de coordinación, seguimiento y evaluación efectiva dentro de todos los que deben actuar como prestadores de las garantías establecidas en la ley. Falta de recursos, personal médico e infraestructura, requieren inversiones significativas y, si estos recursos no se asignan de manera adecuada y equitativa, puede haber carencias en prestaciones vitales, que signifiquen -como en los casos ocurridos- muertes que eran absolutamente evitables.
La autoridad debe poner lineamientos claros en el cumplimiento de la Ley de Protección Integral de la Niñez. Es necesaria la correcta fiscalización que implique evitar la desviación de recursos destinados a este grupo prioritario, la falta de transparencia en la asignación de éstos y mala gestión de los servicios. Es fundamental que existan mecanismos reales de exigibilidad y protección administrativa para garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños. Esto significa que los funcionarios e instituciones responsables enfrenten consecuencias cuando no cumplen con sus obligaciones, de lo contrario la ley es letra muerta, lo que contribuye a la impunidad y la falta de rendición de cuentas de la autoridad. En este punto los Garantes deben tener una posición más activa y hacerse responsables de hacer cumplir lo que el Legislador comprometió. Respetar la Niñez es ley y no solo una Ilusión de protección.
Por Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo
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