El Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos de la Subsecretaría de Prevención de Delitos presentó un informe sistematizado sobre los homicidios en Chile entre 2018 y 2022, donde se muestra un incremento sostenido en los últimos años, especialmente en ciertas regiones y comunas del país. Las cifras son graves, y aunque aún Chile se ubica entre los países de la región con menos tasas de homicidio por cada 100 mil personas, en poco tiempo se proyecta que se aproxime a los promedios de Latinoamérica.
Un primer análisis permite esbozar una relación existente entre la concentración de este tipo de delitos y presencia del crimen organizado, particularmente el narcotráfico, cuya disputa territorial se ha consolidado con la aparición de nuevos actores en Chile como grupos de origen colombiano y mexicano, vinculados a carteles de operación internacional, que desarrollan rutas alternativas para productos como la marihuana crippy e introducen armas de gran calibre, que desplazan el poder de fuego de los traficantes locales.
Este tipo de organizaciones actúa en su control territorial apoyado por organizaciones de origen extorsivo, cuyas prácticas comunes incorporan el secuestro, la trata, el amedrentamiento y el asesinato.
Hoy la segregación de este fenómeno impide comprender a cabalidad lo que significa, desde ahí que el despliegue mediático muchas veces cae en la normalización e impide la movilización efectiva de las políticas públicas. Es relevante que el monitoreo se acompañe de un plan de acción focalizado, atendiendo a los factores de riesgo que subyacen en las comunas más afectadas. Sin embargo, no se puede olvidar que el delito es dinámico y el control solo desplazará el fenómeno a otros lugares antes no focalizados, por lo que, junto a implementar una intervención en focos críticos, se requieren políticas universales de prevención aplicables en cada lugar de nuestro país.
En esto debemos ser claros, sin consumo no hay narco y eso implica disponer el mayor esfuerzo en reducir el consumo de drogas de manera temprana, impulsando una “Agenda Temprana de Prevención Social” disponible en cobertura y calidad de manera descentralizada con una oferta de programas con sólida evidencia. Es necesario apoyar a padres y cuidadores en este desafío, fortalecer las capacidades de la escuela y de la comunidad. Urge cerrar las brechas que permiten al crimen organizado instalarse en medio de los vecinos.
Hoy, con nuevas herramientas de análisis, es inexcusable tener una mirada integral, aportar un plan sólido con monitoreo dinámico y metas claras que permitan evaluar efectivamente el rol que el ejecutivo pretende asignar a la prevención del delito. No hay calle segura sin familias, escuelas y comunidades seguras.
Por Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo
