Columna de Marco Velarde y Juan Pablo Orrego: Ante el nuevo proceso constitucional

Los últimos meses han constituido una dura prueba para las fuerzas de cambio que han empujado por años reformas sustantivas en nuestro sistema político y económico. Las esquirlas de la derrota del 4 de septiembre, el fortalecimiento de una extrema derecha que busca boicotear cualquier proceso de cambio y la progresiva y alarmante fragmentación de la política suponen en su conjunto impedimentos para una política que permita avanzar en derechos sociales, democracia y justicia social. No obstante, el acuerdo por un nuevo proceso constituyente, con sus múltiples límites y falencias, nos pone por delante un nuevo desafío, así como una nueva oportunidad, en miras a construir un país más libre, democrático e igualitario.

A contrapelo de la aparente felicidad de una oposición más preocupada por la siguiente elección presidencial, Chile todavía atraviesa una crisis social, política y económica que como partidos políticos no hemos sido capaces de abordar responsablemente. Contrario a los anhelos de buena parte del establishment político, los resultados del plebiscito constitucional difícilmente pueden ser interpretados como un llamado a volver a la vieja política elitista que caracterizó al país por décadas. Chile rechazó la propuesta constitucional elaborada por la primera Convención, pero no por eso las expectativas por reformas sustantivas han desaparecido. Más aún, nuestra prolongada incapacidad como sistema político a la hora de responder oportunamente a las demandas populares solo ha profundizado la brecha entre política y sociedad, y agravado el rechazo hacia la política institucional.

El acuerdo constitucional que recientemente suscribimos la mayoría de los partidos innegablemente presenta falencias democráticas contra las cuales nos opusimos y con las que seguimos teniendo reparos que esperamos debatir en el marco de la discusión legislativa. No obstante, suscribimos a él porque como fuerzas de cambio tenemos la convicción de que Chile merece y necesita una Constitución escrita en democracia que ponga término a la Constitución de la dictadura. El acuerdo, con sus múltiples falencias, constituye un espacio donde la ciudadanía todavía tiene incidencia para definir el contenido del texto constitucional. Sin embargo, desde el campo popular no podemos conformarnos con cualquier Constitución.

La clase política cometería un error si se predispone a presentarle al país un texto constitucional que no se proponga abordar institucionalmente la crisis política, social y económica que atravesamos como sociedad. El riesgo al que nos enfrentamos es el de adentrarnos en un proceso cuyo resultado sea una nueva Constitución, con una nueva fecha y nuevas firmas, pero impotente a la hora de abordar los múltiples desafíos que enfrenta Chile.

Enfrentar este nuevo proceso constitucional requiere por parte del campo popular y las fuerzas cambio una reflexión crítica sobre aquello que fracasó en el primer proceso constituyente, desde los errores puntuales protagonizados por convencionales específicos, pasando por la relación con los sectores más dialogantes de la derecha, hasta los errores de diagnóstico que nos llevaron a incluir en el texto constitucional un conjunto de demandas que, siendo legítimas, perfectamente podrían haber sido canalizadas a través de leyes.

El desafío no es, por tanto, el de redactar un texto que aborde la totalidad de demandas particulares que hemos defendido (y seguiremos defendiendo) en las últimas décadas, pero tampoco el resultado puede ser un texto mínimo que delegue totalmente en este Congreso la resolución de la crisis política nacional. Como partidos de izquierda nos corresponde empujar un texto que, alejado de la dicotómica discusión entre constituciones minimalistas y maximalistas, le ofrezca el país una institucionalidad legítima para canalizar democráticamente el ciclo de cambios abierto por la ciudadanía en 2019.

En definitiva, volver a centrar el debate en una Constitución que consagre un Estado Social de derechos, y por consiguiente nos permita avanzar en seguridad social, la democratización del Estado chileno, incluyendo avances en descentralización y la consagración de mecanismos de democracia directa que complementen a las instituciones representativas, la superación definitiva de los cerrojos constitucionales que hoy impiden el ejercicio de las mayorías, incluyendo los quórums supra-mayoritarios y el rol del Tribunal Constitucional, así como mecanismos concretos que permitan enfrentar la crisis climática y asegurar un futuro para las próximas generaciones. En resumen, derechos sociales y más democracia.

La derrota del 4 de septiembre efectivamente supuso un duro golpe para todos quienes nos hemos organizados para construir un Chile menos elitario y donde la dignidad sea la norma. No obstante, tenemos una segunda oportunidad para construir sentido y mayorías en torno a un proyecto popular centrado en la seguridad social y la distribución del poder. Como parte de los múltiples esfuerzos que por años han buscado avanzar en derechos sociales, nos predisponemos a disputar un nuevo proceso constituyente y dotarlo de un carácter popular y ciudadano, incluso contra la voluntad de la actual oposición. En lo inmediato, buscaremos acercar este acuerdo a la ciudadanía.