Por Marcos Lima, profesor MBA Industria Minera, Ingeniería Industrial, U. de Chile
“Lo que yo he visto hasta el momento, en lo que se refiere a economía, no veo riesgos”. Con esta frase, el ministro Marcel abordaba el fin de semana la marcha del proceso constituyente asegurando, además, que “los temas de constitución económica están casi todos despejados”. Entre los pendientes están aquellos referidos a la minería, a pesar de que ya se aprobaron -en el Pleno de la Convención- un par de normas generales.
Para un inversionista privado, las proposiciones que han emanado de la Comisión de Medio Ambiente y que -por ahora- no han contado con los dos tercios para ser incorporadas al texto constitucional, son una señal inequívoca de que “Chile cambió”. Ellas derogan prácticamente en su totalidad el estatuto minero proveniente de la Constitución actual y la de 1925, rompiendo con más de un siglo de desarrollo minero.
Entre las propuestas más extremas están: la prohibición de actividades mineras en la Cordillera de los Andes, al excluirla “de las áreas protegidas, los glaciares y las zonas de origen de cuencas hidrográficas”; la aplicación de un royalty del ¡¡20%!! sobre las ventas y la prohibición de participar a privados, en el caso del litio, y para el cobre de hacerlo solo siendo minoritario junto al socio Estado, terminando con la inversión privada en minería.
¿Qué puede llevar a un grupo de convencionales a patrocinar tamaño daño para el futuro de la minería en Chile?
Tres son los velos que pueden nublar la razón. El primero es la ignorancia. Parecen desconocer las características del negocio minero, sus riesgos, su alto nivel tecnológico, el volumen de sus inversiones, cómo es la actividad en el mundo (donde prácticamente no existe actividad minera relevante en manos del Estado) y tantos aspectos que sería largo enumerar.
El segundo velo es la ideología. Al decir del convencional Marcos Barraza “si se nacionaliza el cobre, las demandas sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales que dieron origen al proceso constituyente podrán ser garantizadas plenamente por el Estado”. Si la expropiación de una empresa minera requeriría el pago de la indemnización correspondiente, el país no tendrá los recursos para hacerlo... salvo que el ya aprobado “precio justo” no sea tan justo… Y con ello, se genera una preocupación adicional en las empresas mineras.
Un último velo, el más difícil de superar, es el de la soberbia. No consideraron la opinión de los miles de personas que apoyaron la iniciativa popular de norma “por una minería sustentable para Chile comprometida con sus habitantes, sus territorios, el medio ambiente y los desafíos del cambio climático”. Los escucharon 12 minutos y luego, en la Comisión, rechazaron sus propuestas.
Qué lejos los tiempos en que Chile atraía la atención minera mundial por su potencial geológico, su tradición minera y el ambiente favorable a las inversiones asociado a la vuelta de la democracia, la estabilidad tributaria (léase DL-600) y la no discriminación entre sectores económicos. Conociendo la perspectiva de largo plazo detrás de las inversiones mineras, ojalá que el Sr. ministro tenga razón y sigamos contando con ellas, por el bien de Chile.
