Una de las grandes conquistas del sistema de protección social chileno es el Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL), más conocido como “licencia de salud” que protege financieramente a los trabajadores, y sus familias, que están siendo golpeados por una dolencia temporalmente incapacitante. En los últimos años su costo financiero ha aumentado en Chile, llegando a más de $2,8 billones en 2023, lo cual ha producido una legítima preocupación por contenerlos. Pero, recordando su rol protector, es crucial abordar sus problemas de una manera ponderada, para que no se menoscabe como instrumento de salud pública.
Una de las grandes falencias del SIL proviene de su nombre “subsidio”, que se puede confundir con la palabra “regalo” para cualquier dificultad laboral. Por ejemplo, ante un inminente despido algunos empleados “tiran licencia”, valiéndose de una prescripción médica de dudosa legitimidad. Igualmente de ilegítimas son las prescripciones para complementar vacaciones o para el mero descanso.
Si bien no hay estudios precisos respecto del mal uso del SIL, diferentes encuestas reportan esta situación. Un estudio de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) reporta casos de médicos que prescriben literalmente miles de licencias médicas por semana, si bien son situaciones muy excepcionales. Otros cuestionamientos se fundan en disparidades inexplicables en los días de licencia entre distintos segmentos, como por ejemplo el sector público, que muestra el doble que el sector privado.
El fortalecimiento del SIL debe darse en dos tiempos. En lo inmediato, se deben habilitar instrumentos efectivos de vigilancia y sanción, tal como lo busca el proyecto de ley en el Congreso, siempre y cuando estén alineados con la práctica médica; no queremos una persecución arbitraria de las licencias sólo para ahorrar costos. Además, el sistema de emisión electrónica de licencias se plantea como un mecanismo para reducir fraudes o irregularidades. Más a largo plazo, la licencia debe ser un apoyo al tratamiento, para el cual el reposo es condición necesaria, pero usualmente no suficiente. Lamentablemente, el sistema de salud común no está bien protocolizado; funciona como una colección de prestaciones, sin un agente administrador que vele por la recuperación del paciente al mínimo costo social posible.
Lo anterior contrasta con el sistema de salud laboral, en el que cada administrador o “mutual” alinea los esfuerzos y recursos, especialmente la licencia médica, para que tenga un fin terapéutico, y ningún otro. Al igual que en la salud común, las dos principales causas de licencia en Chile son por salud mental y problemas musculoesqueléticos. Sin embargo, los días de reposo laborales son 16,1 y 13,7, mientras que los de la salud común son 18 y 17,9, un 12% y 31% más extensos. Las dolencias y poblaciones afectadas no son las mismas, pero sí existe un significativo traslape. Un sistema protocolizado tiene estudiadas las prestaciones a realizar para cada diagnóstico, en particular la licencia, garantiza el tratamiento durante el reposo y sólo premia al administrador cuando el paciente está realmente recuperado.
En resumen, fortalecer el SIL requiere un equilibrio entre control y protección. Es imprescindible contar con regulaciones que desalienten el abuso, pero que también respeten la autonomía médica y los derechos de los pacientes. La experiencia de la salud laboral sirve como un modelo que proteja tanto a los trabajadores como a los recursos de la sociedad.
Por Marcos Singer, Director MBA UC
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