Circulando por Manhattan, mientras asistía a la Cumbre de Líderes de Pacto Global, nuevamente me sorprendió el perder de vista la silueta de los edificios y caminar permanentemente bajo andamios y veredas techadas por estos. Consulté a la inteligencia artificial a qué se debía este fenómeno, y me informé así, de que existió un caso real en Nueva York relacionado con la seguridad de las fachadas de los edificios y el uso de andamios. En 1979, una joven llamada Grace Gold, estudiante de la Universidad Barnard, murió al ser golpeada por un trozo de la fachada de un edificio que se desprendió mientras caminaba por la calle. Este trágico accidente en la zona de Morningside Heights impulsó un cambio significativo en las normativas de la ciudad.
A raíz de este caso, se promulgó la Ley Local 10 en 1980, que obligaba a los propietarios de edificios de más de seis pisos a inspeccionar las fachadas cada cinco años y realizar los arreglos necesarios. Sin embargo, debido a que muchas reparaciones no se hacían correctamente o de manera oportuna, en 1998 la ciudad fortaleció la normativa, con la Ley Local 11, que exigía un escrutinio más riguroso y reparaciones inmediatas en caso de peligro.
Una de las consecuencias de esta legislación fue la proliferación de andamios (scaffolding) para cubrir las áreas peatonales mientras se realizaban las inspecciones o reparaciones. En muchos casos, los trabajos duraban más de lo previsto, lo que generó que estos andamios se mantuvieran instalados por largos períodos, incluso cuando no había trabajos en curso, dando lugar a la situación de “veredas techadas” en muchas zonas de la ciudad. Así, el negocio de los andamios se ha vuelto extremadamente rentable debido a las regulaciones que obligan a su uso extendido, y ha sido objeto de debate público.
Este es un tema que aún afecta a Nueva York, ya que en la actualidad existen más de 300 kilómetros de andamios en las calles de la ciudad, algunos de los cuales han permanecido durante años, debido a retrasos en la finalización de obras, fechas de término de la revisión y reparación que alcanzan la nueva fecha de una nueva inspección, o por la falta de supervisión adecuada. Fue ahí donde comencé a reflexionar e hice la conexión respecto a lo que se podría generar si la Ley de Greenwashing, en proyecto, en Chile, no se redacta de manera bien pensada.
Las empresas temerosas de ser sancionadas, no se atreverán a informar acerca de sus buenas prácticas, productos o servicios, en materia de sostenibilidad, por causa de no poder demostrar la trazabilidad de ellos y prefiriendo no comunicarlo ante posibles multas, que hoy en Europa, con esta ley, son muy severas para quienes incumplen, incluyendo multas que podrían ascender hasta el 4% de los ingresos anuales de las compañías infractoras. El Greenwashing es una práctica engañosa utilizada para presentarse como ambientalmente responsables, cuando en realidad las acciones no son sostenibles. Esta táctica de marketing, sin ética, se emplea para atraer a consumidores conscientes del medioambiente, dando la impresión de que productos, servicios o políticas son más “verdes” de lo que realmente son. Por ello, combatir el Greenwashing es necesario para la credibilidad de las afirmaciones y la construcción de la transparencia en materia de sostenibilidad. Hay formas de comprobar la trazabilidad, como el ciclo de vida del producto y las certificaciones, reforzando así la confianza del consumidor en los productos etiquetados como ecológicos.
Pero, si finalmente, en Chile, no logramos redactar una buena ley sobre esto, las empresas preferirán no comunicarlo, y la sostenibilidad quedará oculta, tapada por otro tipo de información y entonces los consumidores, no apreciaremos su valor, lo que sería una gran pérdida. Es decir, si las reglas no están bien definidas y ante esto, desmotivan informar acerca de los productos y servicios sostenibles, los andamios nos impedirán ver los edificios.
Por Margarita Ducci, directora ejecutiva Pacto Global Chile, ONU
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