Sobre la palabra “democracia” decía Bernard Crick que se hacía un uso que la convertía en la más promiscua de los asuntos públicos. Casi lo mismo podría decirse acerca del término “feminismo”. Su uso inflacionario, por lo demás, se explica porque actualmente es uno de los ejes más movilizadores que caracterizan el ambiente ideológico global. Frente a ello sucumben hasta los partidos políticos, que nunca fueron promotores destacados de los intereses de la mujer y, si llegaban a hacerlo, como en el caso de los de izquierda, se debía a la presión y al lobby ejercidos por sus propias militantes.
En este marco, se observan situaciones que desafían, al tiempo que introducen confusión, en las ideas convencionales que tenemos acerca del avance de las mujeres.
Por un lado, los autócratas en ascenso han visto lo útil que resulta usufructuar de los derechos de las mujeres para intentar blanquear sus gobiernos. ¿Cuánto tiempo lleva pareciéndonos como normal que Nicaragua integre el club de países con menor brecha de género según el índice del Foro Económico Mundial (WEF)? Se trata de colocar a mujeres en cargos mientras eliminan libertades civiles, controlan instituciones y persiguen a la oposición, como lo han planteado Elin Bjarnegård y Pär Zetterberg. Al respecto, un dato: de 75 países que cuentan con cuotas de género, 51 serían autocracias.
Pero también en democracias consolidadas como la española ocurren episodios que contradicen el carácter de feminista que pregona insistentemente su gobierno. Un ejemplo lo brinda la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual (Ley “sí es sí”), la que ha provocado, a la fecha, la reducción de las penas de 580 agresores sexuales, así como la excarcelación de algún violador multireincidente. Pero lo peor estaría por llegar, ya que, mientras los socios de coalición (PSOE y Podemos) no se ponen de acuerdo en su corrección, un informe en curso de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) anticipa que, al menos, 4.400 presos verán revisadas sus penas. Pero eso no sería todo. Exagerado o no, muchos advierten que problemas similares cabría esperar de la recientemente aprobada Ley Trans. Hay algo más que efectos indeseados cuando lo que se repite es la negativa oficialista a escuchar las advertencias de los expertos.
La próxima conmemoración de un nuevo 8M, más allá de tributos y balances, invita a mirar con escepticismo la apropiación que partidos y gobiernos hacen del género en diferentes contextos. Igualmente, urge explorar las percepciones que las mujeres tendrían hoy sobre el feminismo. Si es correcto lo que se atisba en círculos informales, podría suceder que muchas, viéndose a sí mismas como feministas, no se sientan reflejadas en la versión del movimiento que hoy circula por las instituciones.
Por María de los Ángeles Fernández, doctora en Ciencia Política
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