A horas de realizarse el plebiscito en el que se refrendará el texto preparado durante un año por una asamblea constituyente electa por los chilenos, pocas dudas quedan de que estará lejos de ser el epílogo de un anhelo largamente acariciado: tener una Constitución elaborada en democracia.
Por el contrario, el surgimiento de facto de las opciones de “aprobar” y de “rechazar”, ambas con la idea de reforma asociada, indica que el próximo domingo será una estación más en un periplo que ha resultado más largo de lo esperado. A veces se olvida que buena parte del segundo mandato de Michelle Bachelet, entre 2014 y 2018, estuvo concentrado en el intento de elaborar-aunque luego no llegó a buen puerto-una de sus promesas de campaña: una nueva Constitución para Chile.
Por ello, no es de extrañar la febril actividad que desarrollan distintos actores, con el Presidente Gabriel Boric a la cabeza, para entregar certidumbres a partir del 5 de septiembre en el contexto de un país donde la violencia parece haber implosionado. Lo que pudiera resultar más extraño es que, en medio de las conversaciones, los partidos han recuperado el resuello.
Recordemos que la elección de los integrantes de la Convención Constitucional, con un porcentaje inédito de 64% de sus miembros en condición de “independientes”, fue vista como el hito que faltaba para certificar la crisis de representatividad de las formaciones tradicionales largamente anunciada.
Progresivamente se constató que algunos “independientes”, celebrados inicialmente por representar muchos de ellos a segmentos históricamente subrepresentados, reproducían las mismas prácticas partidarias que criticaban.
Ad portas de conocer el veredicto de las urnas, y con vaticinios demoscópicos que le entregaban amplia ventaja al “Rechazo”, cabe preguntarse qué factores podrían explicarlo cuando el proceso constituyente partió con evidente expectación y simpatía. Aunque son muchos y variados, es probable que ese “narcisismo de las pequeñas diferencias” del que habló Freud, trasladado a nuestra realidad política, permitió que terminaran primando lógicas contrarias a la necesaria articulación y agregación de las demandas con vistas al todo. Esa tarea, indispensable para cohabitar en sociedades plurales y diversas, es la primerísima función de los partidos.
Con todos sus problemas, siguen siendo actores clave de la democracia representativa, por lo que debe ser enfrentado decididamente el conflicto de interés que arrastran por el hecho de tener injerencia en la elaboración de las normas que directamente les afectan. Su condición de juez y parte es un nudo gordiano al que las sociedades se han resignado por demasiado tiempo, un tiempo en el que van ganando las lógicas iliberales de erosión de la democracia.
