Columna de María Jaraquemada: Constitución y transparencia

A poco más de un mes del plebiscito, abundan los análisis y posturas sobre su texto. Chile Transparente ha estado haciendo seguimiento y propuestas durante el proceso, de modo que, en caso de aprobarse esta propuesta, contemos con avances relevantes en transparencia, que se ha vuelto esencial en toda república democrática y que la ciudadanía demanda cada día más.

Hay avances respecto de la Constitución actual que en 2005 incluyó los principios rectores de probidad y publicidad de la función pública. A estos, el borrador suma los principios de transparencia y la rendición de cuentas. Por otra parte, se incorpora el concepto “corrupción” como fenómeno contrario al bien común, con el consecuente deber estatal de erradicarlo y se avanza en, al fin, darle reconocimiento constitucional expreso como derecho fundamental al acceso a la información pública.

También se denota un interés de modernizar el Estado, al intentar reforzar un régimen general de la función y empleo público, de carácter profesional y técnico, y se dispone el establecimiento de un sistema de selección, de acceso libre, competitivo, inclusivo, no discriminatorio, transparente, imparcial y ágil, que privilegie el mérito e idoneidad de los postulantes, observando criterios objetivos y predeterminados.

Sin embargo, en algunas materias los avances son tímidos. Por ejemplo, en el concepto de información pública, que mantiene intacto el texto constitucional actual, a pesar de los avances en la materia con la dictación de la Ley de Transparencia y su aplicación por parte de los tribunales, particularmente ampliando el espectro a entidades privadas que ejercen funciones públicas o administran recursos públicos, más aún luego de lo visto en el caso “Convenios”.

Asimismo, si bien se valora el objeto de coordinar mejor el trabajo de las entidades que actúan en el ecosistema de la integridad, no queda claro que la nueva Agencia Nacional contra la Corrupción que se crea vaya a lograr este objetivo. Primero, porque no se le otorgan las mínimas características para su autonomía -y evitar su captura o que sea otro botín político más- y porque tampoco queda claro cómo armonizará sus funciones con las de otras entidades existentes como Contraloría o el Ministerio Público.

Finalmente, sobre el empleo público, los borradores precisaban mejor la diferencia entre el gobierno de turno y la administración pública. Esto significaba un valioso aprovechamiento del momento constituyente de cara a la construcción de un real sistema de empleo público, lo que lamentablemente en el texto final se diluyó. Hubiera sido deseable también haber establecido reglas comunes de empleo público aplicables a todo el Estado y no solo a la administración.

Será la ciudadanía la que deberá ponderar estos aspectos, aunque la implementación de lo anterior será clave en caso de aprobarse y, si no habrá que continuar empujando con fuerza esta agenda para elevar los estándares de integridad y transparencia en nuestro país.

Por María Jaraquemada, directora ejecutiva de Chile Transparente