En julio de este año, el medio de investigación Ciper publicaba un reportaje de cómo un grupo de narcos mexicanos había podido crear en Chile, sin levantar sospecha alguna, una empresa que supuestamente exportaba piedras decorativas, pero en cuyo segundo embarque transportaban 1.700 kilos de marihuana. Ni los abogados, contadores y agentes de aduanas que cooperaron para la constitución y operación de la misma sabían quiénes eran realmente los que estaban detrás de esta empresa fantasma. Otro reportaje, esta vez de Tele13, develaba la posible creación de una firma de similares características destinada a recibir reembolsos de gastos electorales ficticios, asociada a la ya cuestionada campaña a gobernadora regional de Karina Oliva -algo que bien conocimos hace una década atrás con el caso Publicam.
Una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, según revelan varias encuestas y estudios recientes, es la seguridad; y no es de extrañar, dada la alta cantidad de noticias que hoy vemos en torno a encerronas, bandas de narcotráfico, sicariatos -muy excepcionales aún, afortunadamente-, cuestión que indicaría el ascenso del crimen organizado en Chile, un mal que afecta en gran proporción al vecindario.
Por esto, es clave que, además de avanzar en mayor control del orden público y labores de inteligencia para detectar a estas bandas y sus integrantes, podamos desbaratarlas poniendo cuesta arriba la creación de empresas fantasma. Esto es algo que la comunidad internacional viene analizando hace un tiempo y sobre lo que hay bastante consenso: entidades relevantes como Transparencia Internacional, la OCDE, el FMI, el Banco Mundial o el BID, entre otras, aseguran que una medida relevante en esta tarea es la creación de un registro único y público de las personas que están detrás de las empresas que operan en nuestro país, sin importar dónde estas residan -paraísos fiscales, por ejemplo- o cuántas capas de cebolla haya que ir descubriendo para llegar a ellas.
En Chile hemos ido avanzado en este sentido, pero muy tímidamente aún. Hoy existen algunos registros incompletos y no públicos en poder de la Unidad de Análisis Financiero y de Chile Compra. Sin embargo, estamos a pocos pasos de dar un gran salto, cumpliendo con altos estándares internacionales, siendo los primeros de la región y superando a varios países desarrollados en este tema.
En el proyecto de reforma tributaria ingresado por el gobierno al Congreso se propone la creación de este registro, que quedaría en poder del Servicio de Impuestos Internos. Y esta semana, el diputado Vlado Mirosevic presentó indicaciones a la propuesta para avanzar aún más en el cumplimiento de estos altos estándares, agregando su publicidad completa -y no solo respecto de quienes contratan con el Estado, como se propuso inicialmente. Es de esperar que la iniciativa cuente con un apoyo transversal, para que casos como los que inician esta columna sean realmente excepcionales.
Por María Jaraquemada, directora ejecutiva de Chile Transparente
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