La saga judicial de los municipios marcó otro punto esta semana con la prisión preventiva decretada por la justicia para el alcalde en ejercicio de Recoleta, Daniel Jadue. Este último caso se viene a sumar a otros igual de mediáticos, como el de los exalcaldes/as de Vitacura, de San Ramón, de Maipú, de Antofagasta, el alcalde de Algarrobo, y, lamentablemente, una lista bastante más larga de casos de irregularidades y corrupción investigada en gobiernos locales. El Ministerio Público indica 642 investigaciones por corrupción en municipios, esto es, más casos que municipios existentes, cuestión que nos debe alertar, preocupar y ocupar.
En 2025, el informe de la Comisión Engel cumplirá 10 años, en los que una parte importante de sus recomendaciones dirigidas a fortalecer la integridad y transparencia de municipios cuentan con un paupérrimo avance. La buena noticia es que se discute un proyecto de ley en segundo trámite, que podría constituir el primer avance relevante. De aprobarse, se aumentarían los estándares de transparencia y rendición de cuentas de alcaldes/as al concejo comunal, al consejo de la sociedad civil y a la ciudadanía en general; se deberá contar con planes municipales de prevención de la corrupción -y gestionarlos-, así como mayor regulación a lo que se han constituido en una especie de “cajas negras” de los gobiernos locales: las corporaciones y asociaciones municipales.
Es necesario fortalecer obligaciones de rendición de cuentas, controles internos, el rol del concejo comunal, reducir la discrecionalidad de alcaldes/as y profesionalizar a funcionarios municipales, lo que necesariamente debe ir junto con fortalecer sus capacidades y recursos internos.
Si miramos las últimas fiscalizaciones en transparencia activa de municipios -clave para desincentivar el mal uso de recursos públicos y su temprana detección-, los mayores indicadores de cumplimiento corresponden a grandes comunas metropolitanas con alto y/o medio desarrollo (83%) con siete puntos más que las comunas semiurbanas y rurales con bajo desarrollo (76%). Es común que indiquen que una de las principales causas de su falta de cumplimiento es por falta de disponibilidad de personal y dificultades técnicas. Luego de un ejercicio de acompañamiento a 69 municipios con rendimiento bajo por parte del Consejo para la Transparencia, 60 de estos mejoraron sus cifras y el promedio general de cumplimiento de obligaciones de transparencia activa subió de 79% a 89%.
En año electoral, este tema debe ser prioritario y urgente. El desfile en tribunales solo aumenta la desconfianza en nuestras instituciones -que ya es extremadamente alta- y es un riesgo enorme para nuestra democracia, ante el alza de autoritarismos y ataques a este régimen en todas las latitudes. Por eso, además de cambiar las reglas del juego, es clave dotar a estas entidades de las capacidades para implementarlas de modo adecuado.
Por María Jaraquemada, abogada
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