Por María Jaraquemada, directora ejecutiva de Chile Transparente
Una vez más el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha dado un golpe con la publicación de los denominados “Archivos Uber”. A través de una serie de documentos y correos electrónicos, se difunden ciertas formas de actuar del excontrolador y creador de la compañía que no solo bordean la ética profesional, sino también las regulaciones y leyes aplicables. Dentro de lo más cuestionable está la incitación a sus conductores a participar de contramanifestaciones e incluso exponerse a acciones violentas por parte de taxistas, jugando así la carta de la víctima para que las autoridades cedieran a regularlos. Básicamente, una combinación de boicot y chantaje.
Pero también se indica cómo su forma de relacionarse con las autoridades para promover sus intereses muchas veces también podía estar al límite ético y legal, por ejemplo, con la contratación de autoridades de la Unión Europea previo al período de enfriamiento que rige, el que busca evitar conflictos de interés y uso de información confidencial o privilegiada en beneficio del futuro empleador. También se ha filtrado que el actual Presidente de Francia, cuando ejercía como ministro, habría sido uno de sus lobistas en dicho país o facilitador, como este último ha indicado.
El problema con este tipo de acciones es que nuevamente pone en tela de juicio una actividad -el lobby- que es completamente legítima cuando se hace acorde a la regulación y de forma abierta y transparente. A partir del siglo XXI, son cada día más los países que adoptan regulaciones para promover una relación entre el sector público y privado virtuosa, y poner límites claros que impidan o dificulten la captura del primero, o que el dinero tenga un excesivo poder sobre el Estado y las autoridades. Entre las más relevantes están las que regulan el lobby, el paso del sector público al privado (y viceversa) y el financiamiento de la política.
No cabe duda alguna que nuestro país ha avanzado en el último año en esta materia, aunque de modo más tímido y lento en la denominada puerta giratoria del sector público al privado. El Presidente Boric ha anunciado en su cuenta pública que promoverá reformas y perfeccionamientos a la ley de lobby que ya rige hace 8 años en nuestro país y que en muchos aspectos se ha señalado que ha quedado obsoleta o no está cumpliendo sus objetivos.
La relación entre el sector privado y público no solo es inevitable, sino necesaria. Pero es clave que esta se dé en un marco de transparencia, rendición de cuentas, legitimidad e igualdad. Las amenazas, boicots, tráfico de influencias y otras acciones reñidas con la ética deben ser denunciadas y sancionadas tanto institucional como socialmente por quienes sí se apegan a la ley. Así, justos no pagarán por pecadores y de a poco iremos fortaleciendo un círculo virtuoso en la necesaria alianza público-privada.
