Columna de María Jaraquemada: Los archivos Uber

Por María Jaraquemada, directora ejecutiva de Chile Transparente

Una vez más el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha dado un golpe con la publicación de los denominados “Archivos Uber”. A través de una serie de documentos y correos electrónicos, se difunden ciertas formas de actuar del excontrolador y creador de la compañía que no solo bordean la ética profesional, sino también las regulaciones y leyes aplicables. Dentro de lo más cuestionable está la incitación a sus conductores a participar de contramanifestaciones e incluso exponerse a acciones violentas por parte de taxistas, jugando así la carta de la víctima para que las autoridades cedieran a regularlos. Básicamente, una combinación de boicot y chantaje.

Pero también se indica cómo su forma de relacionarse con las autoridades para promover sus intereses muchas veces también podía estar al límite ético y legal, por ejemplo, con la contratación de autoridades de la Unión Europea previo al período de enfriamiento que rige, el que busca evitar conflictos de interés y uso de información confidencial o privilegiada en beneficio del futuro empleador. También se ha filtrado que el actual Presidente de Francia, cuando ejercía como ministro, habría sido uno de sus lobistas en dicho país o facilitador, como este último ha indicado.

El problema con este tipo de acciones es que nuevamente pone en tela de juicio una actividad -el lobby- que es completamente legítima cuando se hace acorde a la regulación y de forma abierta y transparente. A partir del siglo XXI, son cada día más los países que adoptan regulaciones para promover una relación entre el sector público y privado virtuosa, y poner límites claros que impidan o dificulten la captura del primero, o que el dinero tenga un excesivo poder sobre el Estado y las autoridades. Entre las más relevantes están las que regulan el lobby, el paso del sector público al privado (y viceversa) y el financiamiento de la política.

No cabe duda alguna que nuestro país ha avanzado en el último año en esta materia, aunque de modo más tímido y lento en la denominada puerta giratoria del sector público al privado. El Presidente Boric ha anunciado en su cuenta pública que promoverá reformas y perfeccionamientos a la ley de lobby que ya rige hace 8 años en nuestro país y que en muchos aspectos se ha señalado que ha quedado obsoleta o no está cumpliendo sus objetivos.

La relación entre el sector privado y público no solo es inevitable, sino necesaria. Pero es clave que esta se dé en un marco de transparencia, rendición de cuentas, legitimidad e igualdad. Las amenazas, boicots, tráfico de influencias y otras acciones reñidas con la ética deben ser denunciadas y sancionadas tanto institucional como socialmente por quienes sí se apegan a la ley. Así, justos no pagarán por pecadores y de a poco iremos fortaleciendo un círculo virtuoso en la necesaria alianza público-privada.