Columna de María Jaraquemada: “Vitagate” y las reformas indispensables

Mucha tinta ha corrido sobre el caso Torrealba en las últimas semanas. El último episodio dice relación con la decisión del Consejo de Defensa del Estado de hacerse parte en este caso no solo contra el exalcalde, sino contra su círculo cercano, que, según se investiga, habría permitido el mecanismo de defraudación.

El problema mayor es que no solo es Vitacura y su exalcalde quienes están en la mira. Investigaciones en curso respecto de las corporaciones municipales de Las Condes, Lo Barnechea, San Fernando, La Florida, Viña del Mar, entre otras, han salido en los medios de comunicación en los últimos años. Once municipios están en plena investigación por el caso luminarias, el municipio de Providencia por fraude con las subvenciones SEP y suma y sigue. Tal como indicó el Consejo de Defensa del Estado casi un año atrás, más de la mitad de los municipios se encontraba siendo investigado por algún caso de corrupción, cifra muy preocupante.

¿Por qué ocurre esto? Hay varias razones a las que apuntar. Una primera es el excesivo poder y discrecionalidad con que cuentan las y los ediles, que además manejan una billetera pública que puede ser mayor o menor, según el municipio, y con la lealtad de las y los funcionarios, muchos nombrados o removidos a discrecionalidad por falta de un real sistema de empleo público. Sin duda, la reforma que limita los períodos de reelección ha sido relevante para destapar estos casos y desincentivar caudillismos que pueden implicar mayor clientelismo y corrupción.

Si bien Contraloría, a diferencia del Congreso, puede fiscalizar sus actos, cuenta con menos potestades que respecto del Poder Ejecutivo; y los concejales, llamados también a contrarrestar este poder, no siempre cuentan con todas las capacidades de hacerlo.

A esto se suma una transparencia y rendición de cuentas deficiente, pocas instancias de participación pública y la utilización de instituciones privadas para la provisión de bienes y servicios públicos. Con un afán de responder a necesidades de una forma más ágil y menos burocrática -aunque no cabe descartar que en ocasiones la intención sea sustraerse del control y la transparencia-, los municipios han creado estas corporaciones de derecho privado para distintos fines. Esto ha implicado, en algunos casos, nepotismo, “pituto” político con altos sueldos y un caldo de cultivo para la corrupción. El caso de las “Vita” es aún más llamativo: se recurrió a la ficción de unas organizaciones comunitarias para ejercer funciones públicas.

Propuestas para una mayor integridad y transparencia de los municipios -y sus corporaciones- abundan; de hecho, la Comisión Engel le dedicó una buena parte de sus propuestas, pero lo que ha fallado es la voluntad política. El caso de Vitacura es uno más de muchos, pero ha sorprendido por el modus operandi, los montos y los involucrados. Esperemos que sirva para que, al fin, se alineen los astros y las voluntades para emprender las reformas necesarias tal que estas investigaciones sean más bien la excepción que la regla.

Por María Jaraquemada, directora ejecutiva de Chile Transparente