Columna de María Olivia Recart y Alejandra Sepúlveda: 8M, prioridades para el 2024
El Día Internacional de la Mujer trabajadora es un llamado mundial a ser conscientes de lo logrado en materia de igualdad de género, sí. También a darnos cuenta de lo mucho que debemos cambiar para que, en el día a día de las mujeres, en contextos socioeconómicos y vitales disímiles, se reconozcan y resguarden sus derechos y se rechacen, sin matices, las distintas formas de discriminación que aún enfrentan. Porque, en cada país, la condición de las mujeres es el mejor predictor de la calidad de vida de toda la población.
Y partimos el 8M con avances. Después de siete años de tramitación y con apoyo transversal, el Congreso despachó la Ley de violencia integral contra las mujeres. Una normativa muy esperada, que distingue y amplía las tipologías de violencia y, entre otros, habilita la creación de un sistema integrado de información para mejorar la respuesta del Estado y las políticas públicas en estos casos, lo que literalmente puede salvar vidas (solo entre 2017 y lo que va de 2024, se registraron 309 femicidios consumados y 1.092 frustrados).
También esta semana el Banco Mundial nos recordó que no hay que dormirse en los laureles. En su último reporte, “Las mujeres, la empresa y el derecho”, aplicado en 190 países, concluyó que ellas tienen dos tercios de los derechos legales de los que gozan los hombres y si bien Chile está por sobre la media (77,5 puntos), tiene bastante tarea por delante.
Sin ir más lejos, en materia de inserción laboral, para cerrar la brecha de género se requiere que la participación de las mujeres aumente 19 puntos (INE, 2023). Lograrlo implica reformar la Ley de sala cuna, que ha tenido 20 intentos fallidos en dos décadas, por la dificultad de la política de ponerse de acuerdo. El último proyecto, presentado por el Presidente Piñera, pasó a fines de enero una barrera que parecía infranqueable: la comisión de Educación del Senado. Con la idea de legislar aprobada, habrá que acordar cómo compatibilizar la perspectiva laboral y de corresponsabilidad, con la de aseguramiento de la calidad educacional y la participación de las salas cunas del sector público subvencionado y del sector privado bajo una adecuada regulación. Como hemos dicho siempre, se puede y debe conciliar la empleabilidad femenina y el desarrollo infantil, aquí no hay un juego de suma cero.
En este recorrido no exhaustivo, ahora que se retomó la discusión de la reforma al sistema de pensiones, hacemos un llamado a ocuparse del 34,9% de brecha de género en detrimento de las mujeres en la pensión total promedio (SP 2023). Es preciso subsanar la discriminación debido al cálculo de tablas de mortalidad diferenciadas por sexo, que incorporan su mayor esperanza de vida. Y adicionalmente reconocer el trabajo de cuidados no remunerado, que provoca lagunas previsionales y baja densidad en las cotizaciones. No podemos hacer la vista gorda al dramático empobrecimiento de las mujeres en la vejez. Hablamos aquí de temas sustantivos y de la responsabilidad de quienes toman las decisiones, de cerrar estas brechas y cambiar para bien nuestros destinos.
Por María Olivia Recart, presidenta ComunidadMujer, y Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva ComunidadMujer
