Columna de María Paz Arzola: Aseguramiento de la calidad y escuelas de mal desempeño

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El peor desempeño en la historia de la medición en 2° medio y un retroceso de varios años en 4° básico fueron los principales resultados del Simce 2022. Sin embargo, pareciera que la preocupación por el crítico momento por el que atraviesa el sistema escolar duró tan solo unos días y ya fue desplazada de la agenda. Pero todavía hay más que analizar.

Un caso clave es el de los 117 colegios que desde 2016 exhiben un desempeño en nivel “insuficiente” y que en 2022 registran un alza promedio en sus puntajes. Si bien el gobierno rápidamente la atribuyó a la supuesta eliminación de las consecuencias de dicha medición –cosa que no es tal, pues requeriría de cambios legales-, al analizar la información disponible la explicación parece ser justamente al revés: que los mecanismos de apoyo y de presión que contempla el Sistema de Aseguramiento de la Calidad –incluidas las sanciones- podrían estar dando frutos.

Ello, porque la mejora exhibida por estas escuelas no es inédita. Desde 2010 estas se caracterizan por la poca estabilidad en sus resultados, mejorando un año, cayendo al siguiente y así sucesivamente. Pero a partir de 2016, se observa una reducción del número que no mejora en ninguna de sus pruebas, lo que coincide con el inicio de la clasificación de escuelas por parte de la Agencia de la Calidad, en una tendencia que se reafirma en 2022.

Con todo, hay que mirar con más detalle. El 15% de los establecimientos de mal desempeño reiterado aumentaron sus puntajes en las cuatro mediciones realizadas desde 2016 y 50% exhibe alzas en tres de ellas, lo que podría indicar algún cambio positivo en su gestión. En cambio, 41 escuelas no presentan una trayectoria de mejoras sostenidas y no sabemos si cuentan con las capacidades para alcanzar el estándar requerido. En 2022, éstas recibían casi 18 mil estudiantes (0,49% de la matrícula nacional), 85% son estatales y 70% tenían menos de 500 alumnos, número que parece abordable para la reubicación de sus estudiantes frente a una eventual pérdida del reconocimiento oficial. Más aún, casi todas están ubicadas en zonas urbanas, e incluso en ciudades grandes como Santiago y Valparaíso, donde es más plausible encontrar alternativas de mejor calidad.

El sistema escolar atraviesa una crisis que requiere de acciones de amplio alcance. Pero si hay que partir por algo, son estas escuelas, las que sistemáticamente incumplen los estándares mínimos de calidad que fija el Estado. Éstas defraudan a miles de familias y al final del día representan una amenaza para el futuro de sus estudiantes, quienes no están recibiendo la educación de calidad que como sociedad hemos acordado se debe garantizar. Urge examinar lo que ocurre al interior de esos establecimientos y, si la situación lo amerita, no dejar pasar más tiempo para tomar las medidas que contiene la legislación. Pueden llegar a ser sanciones drásticas, pero van en favor de los estudiantes, que deben ser la prioridad.

Por María Paz Arzola, Libertad y Desarrollo

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