Con el plebiscito se cierra una etapa que nos deja importantes costos, de los cuales deberemos sobreponernos y evitar repetir una vez que reencausemos el proceso de reforma constitucional. En primer lugar, desde octubre de 2019 se produjo un deterioro en el clima del debate público y se ha venido normalizando la violencia. Se ha resaltado todo lo que nos divide, exacerbando nuestras diferencias y haciendo parecer inviables los acuerdos necesarios para avanzar en las soluciones a los problemas sociales que aquejan al país.
Segundo, está la incertidumbre en que nos hemos sumergido, que, sumada a años de bajo crecimiento económico, ha contribuido a profundizar los problemas en la inversión y la generación de empleo, amenazando la generación de recursos que permitan materializar los derechos sociales y las oportunidades de progreso y movilidad social que en algún momento hicieron destacar a Chile.
Y, tercero, quizás el mayor costo que nos ha traído todo este proceso es el tiempo que el país, como adormecido desde fines de 2019, ha dejado escapar esperando las soluciones que traería la utopía de una nueva Constitución; soluciones que permitirían responder a las carencias y problemáticas sociales que, paradojalmente, solo se han ido agravando desde entonces.
Una inflación y aumento del costo de la vida como a mi generación y a las más jóvenes no nos había tocado vivir; el alza en la pobreza y vulnerabilidad económica de los hogares; el aumento en las listas de espera en salud; la delincuencia e inseguridad en las ciudades; o los severos daños que ha dejado el terremoto educativo que significó la pandemia, cuyas réplicas siguen impactando al sistema escolar. Todo ello, ad portas de una vaticinada recesión económica. Resulta paradojal que, pese a lo palpable de los efectos de estos problemas, en todo este tiempo no hayan sido levantados con la fuerza e impaciencia que caracterizaron a quienes tan solo unos años atrás promovieron la idea de una nueva Constitución para solucionarlos y que coincidentemente son los mismos que hoy nos gobiernan.
Con todo, es de esperar que los chilenos hayamos tomado conciencia, que saquemos lecciones y que no volvamos a tropezar con la misma piedra. Que esta vez enfrentemos de forma simultánea a la reforma constitucional, esas problemáticas que fueron postergadas y que no pueden seguir esperando a cerrar el círculo que se abrió hace casi tres años. Para ello se requerirá que el gobierno y la clase política despejen la incertidumbre y renuncien al maximalismo y radicalidad de sectores que han demostrado ser minoritarios. Así también, que se ocupen de promover activamente las condiciones económicas requeridas para -independiente de lo que diga la Constitución que nos rija- hacer viables las anheladas mejoras en el bienestar social que motivaron todo este proceso en que nos hemos involucrado. En esta nueva etapa, ¿estaremos a la altura?
