Hasta un inédito 37,3% llegó la inasistencia crónica en el sistema escolar el año pasado. Esto quiere decir que más de un millón cien mil estudiantes pudieron repetir de curso por no alcanzar la asistencia mínima de 85% que establece la normativa vigente. Si ello no ocurrió, fue porque esta contempla la posibilidad de que el director y autoridades del colegio autoricen su promoción aun incumpliendo dicho requisito.
Esta cifra nos alerta de la gravedad de los problemas por los que atraviesa el sistema escolar, pues niños que no asisten a clases difícilmente lograrán los aprendizajes esperados, además de sufrir otros perjuicios en su desarrollo. Sin embargo, pareciera que el gobierno aún no prioriza adecuadamente la necesidad de revertir esta realidad y que, en cambio, esta se encuentra diluida entre otros objetivos que no tienen la misma urgencia, como es la política de educación sexual anunciada por el ministro Ávila. Esto no sería tanto problema si se tratara de una administración que hubiera demostrado su eficacia para gestionar de manera simultánea y exitosa múltiples materias, pero lo cierto es que, en el caso de la educación, la realidad muestra todo lo contrario.
El año pasado, por ejemplo, 3 de cada 10 pesos destinados a actividades de asesoría y apoyo a escuelas por parte del Ministerio de Educación quedaron sin ejecución. Peor aún, más del 70% de los recursos que sí se utilizaron, recién se gastaron durante el último trimestre, lo que hace dudar no solo de la oportunidad, sino del alcance que estos tuvieron. Del mismo modo, al revisar la información disponible respecto a los programas realizados por esta cartera durante el año, se encuentra que al primer semestre había ejecutado apenas 24% del plan destinado a enfrentar la deserción escolar. Es probable que a esas alturas la amenaza de esta debido a la baja asistencia fuese ya inminente y que, de nuevo, las acciones llegaran mal y tarde.
En paralelo, encontramos un completo informe sobre una serie de actividades tendientes a avanzar en “la promoción de una educación sin sesgos de género”, que entre otras incluyeron una jornada nacional para la educación no sexista, reuniones con organizaciones de la sociedad civil, capacitación en enfoque de género para supervisores del Mineduc, una mesa de trabajo prelegislativo para el proyecto de ley de educación sexual integral, cursos sobre sexualidad y género para docentes, la elaboración de un instructivo para la aplicación del nombre social en bibliotecas escolares y la inducción a las políticas de género para funcionarios del Ministerio. Puede que se haya tratado de instancias provechosas, pero cabe preguntarse sobre su pertinencia en el especial contexto.
Ante la incapacidad de caminar y masticar chicle a la vez, las prioridades del gobierno cobran especial relevancia; siempre habrá otros temas, pero hoy el deber llama a centrarse en lo urgente, que es revertir la inasistencia y el deterioro en los aprendizajes.
Por María Paz Arzola, Libertad y Desarrollo
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