Los más de 70 días de paralización de clases en Atacama han dejado en evidencia las falencias que el nuevo Sistema de Educación Pública, que se está instalando desde 2018, ha sido incapaz de subsanar. Así también, ha ratificado cada una de las críticas que varios hicimos cuando se discutió la ley que lo creó y que fueron ignoradas: que ésta imponía un mayor centralismo para la toma de decisiones, que los nuevos Servicios congregaban un número excesivo de colegios, que se diluían las responsabilidades y, en definitiva, que se creaba una nueva y costosa burocracia para sustituir la administración municipal, sin corregir los defectos de ésta. Advertimos que se cambiaría todo para mantener todo igual, pues serían los mismos funcionarios los que seguirían cumpliendo la misma labor, bajo las mismas condiciones y movidos por los mismos incentivos.
Lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón. A cinco años de que entrara en funcionamiento gradual el nuevo Sistema de Educación Pública, no ha mejorado la participación de ésta en la matrícula ni la asistencia, que sigue por debajo de la de colegios comparables. Tampoco se ha resuelto la sobredotación de docentes y asistentes, una de las razones que explican por qué la plata siempre parece insuficiente. Visto así, no es raro que en el último Simce los estudiantes de 4° básico que han cursado su enseñanza básica bajo la administración de los nuevos servicios exhibieran un peor desempeño que la última cohorte que lo hizo bajo la administración municipal, siendo además el deterioro en sus puntajes mayor al del promedio nacional y al de la educación municipal -con la sola excepción del servicio de Barrancas, que partiendo de resultados bajísimos venía mejorando desde antes.
Estos resultados contrastan con las expectativas de sus impulsores, que prometieron que la nueva institucionalidad permitiría profesionalizar la gestión educativa, desanclándola del ciclo político de los municipios, y que al juntar más comunas bajo un mismo sostenedor se lograría un uso más eficiente de los recursos. Nada de ello ha ocurrido y, mientras los responsables de esta reforma permanecen impávidos, miles de estudiantes siguen presos de la mala gestión y la politización de la educación pública. Más aún cuando, debido a otra de las reformas emblemáticas de la ex Presidenta Bachelet, hoy se restringe la instalación y ampliación de colegios particulares subvencionados en tanto no se estima que existe una “demanda insatisfecha” en la misma comuna.
Es urgente que el gobierno presente un plan serio de cómo gestionará no sólo el caso de Atacama, sino que la instalación del grueso del nuevo Sistema de Educación Pública en los próximos años. Así también, urge eliminar las restricciones a la entrada de nuevos colegios subvencionados que permita ofrecer a los estudiantes algo tan esencial como la continuidad de clases y que la educación pública sigue siendo incapaz de asegurar.
Por María Paz Arzola, Libertad y Desarrollo
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