El gobierno anunció algunas de las medidas que conformarán el plan con que buscará hacer frente a la crisis por la que atraviesa el sistema educativo. Así también, casi en simultáneo, el Presidente Gabriel Boric hizo una autocrítica por el rol que tuvo su sector frente al cierre de escuelas durante la pandemia. Si bien ésta fue tibia –y en ningún caso proporcional al daño que su obstruccionismo de ese momento produjo-, al menos constituye un reconocimiento de la responsabilidad que le cabe no sólo en la superación de la crisis, sino también en su génesis.
Estas medidas, si bien todavía incipientes, apuntan en la dirección correcta. Lo que iría faltando ahora es definir metas concretas, así como también avanzar en un diagnóstico preciso sobre el lugar del que partimos, es decir, cuál ha sido el deterioro en los aprendizajes y en el estado socioemocional de los estudiantes, así como los sectores más afectados por los eventos de los últimos años. Es de esperar que la publicación del Simce 2022 contribuya en esa línea, pero también que el gobierno revierta su reticencia a la realización de evaluaciones y se comprometa con la generación de información periódica que permita definir el ámbito de las acciones contenidas en el plan, su grado de priorización y el costo asociado.
Mientras tanto, los únicos datos oficiales disponibles que dan cuenta del deterioro sufrido por el sistema escolar son los relativos a la asistencia. Estos muestran que hasta septiembre de 2019 ésta presentó un comportamiento similar al año anterior, sin embargo, luego de las protestas e inseguridad del mes de octubre, se produjo un desplome de más de 12 puntos porcentuales en noviembre, cerrando el año en un inédito 69,7%. De ahí en adelante, no ha sido posible retomar los niveles normales y en 2022, tras la reapertura de las escuelas luego del cierre forzoso por la pandemia, la asistencia promedio del sistema escolar se ubicó en apenas 79,7%.
Con todo, los datos evidencian el alcance del problema de la inasistencia escolar –y posiblemente del daño en los aprendizajes asociado a ella-, pero también, muestran con claridad que éste no partió con la pandemia, sino antes, con las protestas de 2019. Ello, inevitablemente, nos recuerda el rol que el actual gobierno jugó, no sólo al avalar la violencia de ese momento, sino también al promover desde incluso antes una agenda de politización de la educación, usándola como moneda de cambio para la consecución de otros fines, y relativizando valores clave para el logro educativo, como el mérito académico y el respeto a la autoridad. Desde esa perspectiva, no sólo la autocrítica del Presidente parece insuficiente, sino también cualquier plan de recuperación educativa que no vaya de la mano de un cambio creíble en la actitud de su sector y que incida realmente sobre la cultura escolar que fue gravemente dañada.
Por María Paz Arzola, Libertad y Desarrollo
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