Meses atrás, el ministro de Educación Marco Antonio Ávila, señaló que, dadas las dificultades por las que atraviesa el sistema escolar, los resultados del Simce aplicado en noviembre de 2022 “no van a ser buenos”. ¿Habrá tenido en ese momento los resultados a mano para realizar tal afirmación? ¿O simplemente fue un vaticinio? En el primer caso, sería incomprensible que, estando los resultados, todavía no hayan sido publicados. Y, en el segundo, sería lamentable que la principal autoridad del país en materia educacional no cuente con la información necesaria para apoyar sus declaraciones y especialmente sus decisiones, claves sobre el devenir del sistema educativo.
En cualquier caso, preocupa la falta de oportunidad, en especial en el actual contexto, con que se está gestionando la información del Simce. Anteriormente los resultados se publicaban a mediados de mayo, e incluso en abril, mientras que el presente año han pasado 6 meses desde su aplicación y lo único que hemos escuchado son los augurios del ministro.
El Simce es la única medición que, gracias a su estandarización, otorga comparabilidad a nivel nacional y permite identificar dónde están los mayores retrasos en aprendizaje, así como los estudiantes que sistemáticamente obtienen un desempeño inferior al esperado que, si no se aborda a tiempo, afectará su desarrollo futuro. “El Simce no mide qué tan felices están los niños”, me replicó hace poco tiempo alguien que está en contra de este tipo de mediciones. El problema es que un niño que no aprende a leer, escribir o a manejar las operaciones matemáticas básicas, previsiblemente tampoco lo será –aunque no podamos medirlo-, porque carecerá de las competencias necesarias para insertarse de forma plena en la sociedad y adquirir conocimientos superiores.
Lamentablemente, el país también tiene una deuda en este ámbito. Antes de 2022, el último Simce que se rindió con normalidad y que permitió clasificar a las escuelas por su desempeño fue en 2018 (en 2019 se invalidó por la inseguridad del 18-O y luego se suspendió por la pandemia). Esto quiere decir que han pasado 4 generaciones de niños por 512 establecimientos educativos que hasta ese entonces exhibían un nivel insuficiente, a quienes se les perdió la pista. Peor aún, se desconocen también los criterios con que el Mineduc ha priorizado sus apoyos durante este tiempo, así como la eficacia de estas acciones.
En espera de los resultados del Simce 2022, en lugar de las recurrentes críticas por la supuesta sobre evaluación a la que estaría expuesto el sistema escolar, más vale que comencemos a exigir todo lo contrario: más mediciones, más transparencia y más celeridad en el procesamiento y entrega de sus resultados, de tal manera que éstos colaboren en la toma de decisiones y permitan orientar los esfuerzos del Mineduc y de las propias escuelas hacia una recuperación educativa que no puede seguir esperando.
Por María Paz Arzola, Libertad y Desarrollo
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