La elaboración del presupuesto 2023 ha hecho al gobierno experimentar los sinsabores de gestionar los recursos públicos para responder a las interminables demandas sociales de la población, obligándolo a recurrir a lo que como oposición solía criticar: contener el gasto público y priorizar.
En materia educacional, un ejemplo de ello es la fuerte rebaja de las transferencias para el programa de Liceos Bicentenario. Tras una innecesaria confusión inicial, el ministro Marco Ávila explicó que ello no implicará poner término anticipado a los convenios vigentes con estos, pero que cuando finalicen no se realizarán nuevas convocatorias. El motivo -indicó- es que su cartera se abocará a apoyar de forma pareja a todos los establecimientos educativos del país y en especial a los más vulnerables.
Esta explicación, no obstante, es poco convincente. Primero, debido a los cuantiosos recursos que el Estado seguirá entregando a escuelas y liceos públicos a través de fondos adicionales a la subvención, que resultan en un financiamiento per cápita promedio 50% mayor que el de cada estudiante que asiste a un colegio particular subvencionado. Si el objetivo fuese apoyar a todos por igual, esa disparidad es lo primero que habría que corregir.
Segundo, llama la atención que en septiembre -a solo tres meses de que finalice el año escolar- el gobierno solo ha ejecutado un 18% de los recursos para asesoría y apoyo escolar, y que para 2023 estos sufrirán una rebaja de 27%. Ello evidencia sus limitaciones o la falta de priorización de su rol de apoyo a las escuelas, especialmente las de bajo desempeño. Del mismo modo, considerando su reticencia a realizar el Simce, y en general la desconfianza que ha manifestado hacia las evaluaciones estandarizadas de carácter censal, no se aprecia un compromiso real con la obtención de los diagnósticos que permitan guiar el apoyo a la nivelación de los aprendizajes.
Con todo, pareciera que lo que busca el gobierno con el fin de los Liceos Bicentenario es en realidad poner término gradual a un programa que representa todo aquello en lo que no cree, pues la principal novedad de estos no fue la entrega de más recursos, sino la reivindicación de la excelencia académica, del esfuerzo y del compromiso con una serie de valores clave para la educación, que en el último tiempo han sido despreciados por la ideología detrás de quienes nos gobiernan. Lo paradojal es que el inmediato rechazo que esta noticia concitó en la opinión pública es una señal de que dichos valores siguen más vigentes de lo que se creía y que no será fácil ir contra ellos.
De esta forma, si bien se trata de una decisión legítima por parte del gobierno, es de esperar que las razones esgrimidas por el ministro no sean solo excusas y que su cartera realmente se aboque a apoyar a todas las escuelas del país, propósito que al menos en lo que dice relación con el presupuesto no parece sostenerse.
Por María Paz Arzola, Libertad y Desarrollo
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