Tres semanas sin clases llevan los colegios públicos del Servicio Local de Educación (SLEP) de Magallanes. “No es un nuevo Atacama”, aclara el Director de Educación Pública, aludiendo a las diferentes causas que originaron una y otra paralización –pretensiones de aumentos salariales, en una, y demandas de mejoras en higiene e infraestructura, en la otra-. Y tiene razón, son casos distintos y es de esperar que el paro en Magallanes no termine prolongándose por los más de ochenta días que duró el de Atacama. Con todo, sí se deben reconocer las similitudes de ambos episodios y sacar lecciones.

Primero, que en ambos casos se trata de transgresiones al derecho a la educación de miles de niños, protagonizadas por el Colegio de Profesores y sus demandas que escapan del control del director ejecutivo del servicio y que escalan al nivel central. Y, segundo, que son conflictos que se dan en el seno de un SLEP, entes creados para administrar las escuelas traspasadas desde los municipios y que, en teoría, venían a dotar al Estado de las atribuciones para garantizar dicho derecho. Con ello, queda de manifiesto el problema de centralizar la administración de la educación –un servicio que debiera ser declarado como esencial- y que, en este caso, se ha agravado debido a dos leyes implementadas en los últimos años, la Carrera Docente y el Sistema Nacional de Educación Pública (al que pertenecen los SLEP).

En lo que dice relación con la Carrera Docente, esta se basó en un diagnóstico correcto –la necesidad de mejorar las condiciones e incentivos que enfrentan los profesores-, pero buscó solucionarlo mediante un sistema de reconocimiento y promoción rígido que no se adapta a las circunstancias y necesidades locales, y que deja a los directores escolares como meros espectadores, sin atribuciones para manejar los incentivos dirigidos a mejorar la enseñanza en sus escuelas. En lugar de resolver las trabas del Estatuto Docente, la Carrera Docente las revalidó, y, al concentrar aún más la política docente en el nivel central, entregó al Colegio de Profesores el poder de negociar sus pretensiones directamente con el gobierno de turno, transformándolo en el principal blanco de sus dardos.

Y en cuanto a los SLEP y el Sistema de Educación Pública, el mayor centralismo de que este adolece limita la resolución de problemas de forma oportuna a nivel local. La dilución de responsabilidades que se produce en una institucionalidad de estas características era previsible, se advirtió al momento de legislar, pese a lo cual se insistió en un modelo cuyos defectos hoy lamentamos.

En suma, el paro de Magallanes evidencia, una vez más, cómo el derecho a la educación de los niños y el bienestar de sus familias son afectados por reformas centralizadoras que confiaron ciegamente en la capacidad estatal y que, en los hechos, pareciera no los pone a ellos en el centro, sino que los relega a un segundo plano, por detrás de las disputas por fines ajenos a la educación.

Por María Paz Arzola, Libertad y Desarrollo