Columna de María Paz Arzola: Peligroso precedente para elección escolar

Un peligroso precedente podría sentarse tras los resultados de la admisión escolar, que en algunos casos estaría motivando la presentación de denuncias por parte de apoderados insatisfechos que buscan un buen colegio para sus hijos. Es lo que ocurrió en Vallenar, donde se produjo la insólita detención del director de un liceo, luego que incumpliera la disposición de un juez que le ordenó crear un sobrecupo para un postulante que se encontraba 11° en la lista de espera. Como ya ocurrió con las Isapres y la salud, preocupa que las malas políticas públicas que se han implementado en el ámbito educativo -y la falta de iniciativas para mejorarlas-, terminen judicializando materias que debieran ser objeto de la ley y no de los jueces.

El principal problema que hay detrás de estos casos es la escasez de colegios de buena calidad que, además de buena formación académica, ofrezcan seguridad, buena convivencia, continuidad de clases, entre otros. En parte, ello se explica por la (mal)llamada Ley de Inclusión que, bajo la la excusa de impedir un lucro que -más allá de la casuística- nunca se demostró que existía, introdujo burocracia y trabas que dificultaron la gestión escolar y desincentivaron e incluso frenaron la apertura de nuevos cupos y colegios. Así también, ésta supuso que el problema de elección escolar tenía su origen en prácticas discriminatorias por parte de los colegios, por lo que eliminó la selección por mérito académico (salvo casos muy específicos), causando frustración y una sensación de injusticia que ha terminado por deslegitimar el propio SAE que la misma ley creó.

Lo anterior se refrenda con las cifras del último proceso de admisión, que arrojan que, a nivel nacional, un 26% de los estudiantes de alto desempeño que postuló a 1° medio quedó fuera de sus tres primeras preferencias y que menos de la mitad de ellos (46%) obtuvo una plaza en su primera opción. Si bien entre el resto de los estudiantes los resultados fueron algo mejores, aún hay un 20% que quedó fuera de sus tres primeras preferencias. De este modo, se verifica una disconformidad significativa con los resultados de la admisión y, en el fondo, con la oferta educativa disponible, especialmente entre los postulantes de buen rendimiento, que son los que quedan con menor frecuencia en el colegio de su preferencia. Como sugiere el episodio de Vallenar, esto podría terminar con una peligrosa judicialización para “saltarse la fila”, produciendo distorsiones en la elección y el acceso a una educación de calidad, y beneficiando a quienes poseen los medios para presentar un recurso judicial por sobre los prioritarios según la ley, en lo que representa un retroceso en la equidad que busca el sistema.

Esperemos que estos hechos sirvan para que el gobierno y los legisladores se allanen a reconsiderar algunas de las cuestionables premisas que motivaron la Ley de Inclusión y que, como es cada vez más patente, han terminado debilitando la elección y el acceso a una educación de mayor calidad.

Por María Paz Arzola, Libertad y Desarrollo