Para quienes pensamos que lo más directo a la hora de atender las carencias sociales de la población es abordarlas desde buenas políticas públicas y una gestión gubernamental eficaz, el debate constitucional no nos despierta demasiado entusiasmo. Sin embargo, la honestidad intelectual obliga a reconocer que las constantes amenazas a una serie de principios que sustentan no solo la institucionalidad que hemos construido como país, sino también nuestra idiosincrasia, justifica o al menos hace comprensible el que se busque introducir ciertas normas que intenten protegerlos.
La libertad de enseñanza es un ejemplo de ello. Se trata de un principio que posibilita la realización del derecho a la educación a través de la coexistencia de establecimientos públicos y privados que permitan ofrecer una pluralidad de alternativas para las familias. Esta ha estado presente desde los inicios de nuestro sistema educativo, hace más de un siglo, y su vigencia es tal que, ante el deterioro de la educación pública debido a los paros y los hechos de violencia, ha permitido a las familias acudir con mayor fuerza hacia colegios privados –especialmente subvencionados-, donde estos problemas son menos frecuentes. Ello ha ocurrido en todos los segmentos de la población, incluido el 20% de menores ingresos, donde la participación de la educación pública cayó en 15 años desde el 68,5% hasta el 48,3% del total.
Lo anterior explica por qué el texto que el Consejo Constitucional se encuentra trabajando incorpora con más celo que la Constitución vigente la protección y promoción de la libertad de enseñanza. Si bien la solución a los principales problemas de la educación –el deterioro de la calidad, la caída en la asistencia escolar o la proliferación de la violencia- pasan por una acción efectiva y decidida del gobierno, las familias y de la sociedad en su conjunto, también se requiere una Constitución que cautele la existencia de alternativas educativas para quienes no encuentran en el sector estatal un ambiente propicio y afín a sus valores para educar a sus hijos.
A algunos les parecerá que este es un problema abstracto, pero no lo es. La amenaza es real y así lo prueban los recurrentes esfuerzos de algunos por destruir las bases de nuestro sistema educativo para reemplazarlo por otro que, digámoslo, significaría un retroceso. La rechazada propuesta de la Convención es un ejemplo, pues no aseguraba el financiamiento público para la elección escolar. Así también, tiempo atrás el Colegio de Profesores llamó a terminar con la educación particular subvencionada. Con todo, hay que reconocer que no se trata de casos aislados; la libertad de enseñanza se encuentra constantemente amenazada y por ello es positivo que la Constitución avance en defenderla, no sólo recogiendo nuestra historia, sino también protegiendo la preferencia de los chilenos y su derecho a educarse.
Por María Paz Arzola, Libertad y Desarrollo
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