Mucho se ha hablado sobre la crisis de representatividad y la desafección de la ciudadanía por las instituciones políticas. Esta genera una pérdida de confianza en el gobierno y en las instituciones políticas -incluyendo los partidos-, lo que se ha apreciado en la baja participación en elecciones presidenciales y parlamentarias recientes. Pero la desafección política tiene otro efecto en la participación, del cual no se habla tanto. Cuando la ciudadanía no se siente escuchada por las instituciones formales, cuando cree que sus representantes no son responsivos a sus necesidades, crece la intención de participar por cuenta propia, sin mediación de estos. Esto es, se genera un auge de los mecanismos de democracia directa, en contraposición a la democracia representativa. Ello en la medida que crece también la propia sensación de competencia política, la confianza en las propias habilidades para entender la política.
En 2013 se empezó a escuchar en Chile sobre “Marca AC” o “Marca tu Voto”, movimiento que abogaba por el establecimiento de una asamblea constituyente (de ahí el “AC”) para redactar una nueva Constitución. Si bien el proceso constituyente impulsado por la Presidenta Bachelet en 2015 no convocó una asamblea constituyente – como sugerían Fernando Atria y otros -, este sí incorporó una fase de participación ciudadana directa, como fueron los cabildos autoconvocados. Es más, a partir de los resultados de estos cabildos, sabemos que la institución que más apoyo tuvo por parte de la ciudadanía fue “Plebiscitos, referendos y consultas”. Parecía entonces un pequeño triunfo para la legitimidad, la participación, y la democracia.
Este impulso tuvo que esperar cuatro años más, hasta el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, para tomar nuevos bríos. Siendo grande la brecha a favor del Apruebo en el plebiscito de entrada, también lo fue la brecha a favor de la opción que señalaba a una Convención Constituyente como el órgano encargado de llevar a cabo el proceso. La ciudadanía advertía que no quería a los “políticos de siempre” –las instituciones formales, nuestros representantes– a cargo del proceso, sino a los mismos ciudadanos. Fue así como se eligió, democráticamente, a una Convención de ciudadanos para que escribieran la nueva propuesta constitucional. Pero el ímpetu participativo no quedó solo ahí. Se hicieron además cabildos ciudadanos, y se recogieron iniciativas populares de ley. En suma, el reciente proceso constituyente incluyó prácticamente todas las formas de participación ciudadana conocidas. ¿Qué podía salir mal?
Los resultados del plebiscito de salida demostraron que el proceso constituyente, por mucho que incorporó mecanismos de democracia directa, no logró el consenso que se esperaba. Esto nos deja una lección importante: la democracia directa no garantiza un mejor resultado. No se debe olvidar que el fin de la participación política es la acción colectiva, esto es, una decisión relativa a un problema público. Esto conlleva un diseño cuidadoso de los mecanismos de participación y de toma de decisiones, orientado hacia el resultado. En un escenario donde la desafección por las instituciones no parece menguar, conviene evaluar si la promesa de la democracia directa cumple con su rol público o si ha resultado más bien un espejismo.
Por María Paz Raveau, PhD, Faro UDD
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