El vandalismo ocurrido en recitales realizados en estadios es grave y no debe ser normalizado. Las autoridades han responsabilizado a los organizadores, pero hay que recordar que sus atribuciones y capacidades en seguridad son limitadas y colaborativas con las autoridades que tienen a su cargo la seguridad pública. Una función primaria del Estado es otorgar protección a las personas y amparo a sus libertades bajo un sistema de normas que al mismo tiempo delimita su actuar para asegurar una convivencia civilizada. Para eso retiene el monopolio de la fuerza y regula la colaboración de los privados en la seguridad, exigiéndoles el cumplimiento de protocolos predefinidos.

Quienes organizan recitales -y cualquier otro evento privado, como partidos de fútbol y de otros deportes- deben responder por la seguridad al interior de los recintos y del eventual incumplimiento a esos protocolos de seguridad, pero no pueden ser acusados cuando los desmanes ocurren afuera del recinto por la incapacidad de la autoridad de prever que las medidas predefinidas serían insuficientes ante la masividad de un evento en particular. Las empresas organizadoras no tienen atribuciones para resguardar las afueras del recinto donde se desarrollará el evento, precisamente porque esa tarea corresponde a la fuerza pública.

Aunque se trate de eventos privados, las autoridades no pueden eludir su responsabilidad de prever la ocurrencia de desmanes y delitos, para lo cual deben ajustar las medidas que se adoptarán en el exterior del recinto para brindar adecuada protección a los asistentes al espectáculo y a la población en general, de acuerdo a las especiales características de un evento que previsiblemente será masivo y provocará aglomeraciones.

Las actuales autoridades se han desentendido de esta responsabilidad culpando a los organizadores. Esto revela una abierta hipocresía, pues los líderes de las coaliciones gobernantes -incluido el Presidente- justificaron y avalaron la realización de manifestaciones que recurrían a la violencia como forma de expresión social desde el 18 de octubre de 2019. ¿O acaso olvidan los panegíricos y homenajes públicos a la denominada “primera línea” de muchas de las actuales autoridades de gobierno?

En suma, el Estado es el primer responsable de prevenir desordenes que previsiblemente ocurrirán en las inmediaciones de los recintos que albergan eventos masivos. Para esto cuenta con los recursos que le asigna la ley de presupuesto para tales efectos y con las facultades para diseñar políticas públicas de prevención del delito, tiene el control de las policías y, a diferencia de los guardias privados que no tienen más facultades que cualquier otro civil, cuenta con las atribuciones legales suficientes para ejercer la fuerza pública de forma legítima. Deslindar la responsabilidad de las autoridades escudándose en quien organiza un evento es usarlos como chivo expiatorio, pues no tienen más herramientas que cumplir fiel y adecuadamente con las exigencias de los protocolos pertinentes. Antes de preguntarse si la responsabilidad es de los privados, habría que cuestionar si el verdadero responsable acaso no será la alta sensación de impunidad frente a la comisión de ilícitos que está sumiendo a nuestro país en un nivel de inseguridad pocas veces visto.

Por María Teresa Urrutia, Fundación Jaime Guzmán