Hay mucho ruido y pocas nueces respecto al proceso de conformación del órgano constitucional. Ya es hora de hablar de algunos contenidos clave:
1. Necesitamos un nuevo sistema político. Es precisamente el triste espectáculo que vemos a diario en el Congreso el que señala la necesidad de corregirlo. No podemos seguir con 22 o más partidos políticos disputándose en ese hemiciclo los huesos del sistema, “como perros”, y hay que elevar las exigencias para su creación y perdurabilidad.
2. Debemos resolver el dilema de los pueblos originarios. Los excesos plurinacionales del intento anterior no eran la solución, pero es obvio que debemos consagrar con rango constitucional su representación política en el Congreso, el derecho a la restitución de tierras, el reconocimiento a sus idiomas, y la creación de un tribunal ad hoc para resolver estos conflictos, como en Nueva Zelanda.
3. Hay que profundizar la descentralización. Lo recientemente logrado en cuanto a la elección de gobernadores fue un gran paso, pero todavía son “gobernadores sin dientes”. Es imprescindible otorgarles mayores atribuciones en materia financiera, así como descentralizar una lista de competencias que tienen los ministerios centrales.
4. Los derechos de aguas. En los hechos, hoy tenemos aprobado por ley un magnífico Código de Aguas, sancionado recientemente por la unanimidad de los partidos. Solo resta darle rango constitucional y, por cierto, otorgarle al Estado mayores capacidades y competencias para fiscalizar su cumplimiento.
5. La inadecuada institucionalidad ambiental. Urge la creación de una nueva agencia ambiental, con autonomía de rango constitucional, que maneje el tema con criterios más técnicos que los del gobierno de turno. Este es uno de los principales lastres del crecimiento económico y el empleo.
6. La modernización y reforma del Estado. Es necesario consagrar constitucionalmente: a) un sistema autónomo de Alta Dirección Pública con mayores atribuciones que las actuales respecto a la modernización del Estado; b) una Agencia de Evaluación de Instituciones y Programas Públicos, dándole ese rango -y los recursos necesarios- a la actual Comisión de Productividad; y c) un Estatuto renovado de los empleados públicos y municipales.
7. La protección de la niñez y adolescencia. La situación equivale a un terremoto silencioso de consecuencias duraderas por décadas. Si tenemos un Consejo de Defensa del Estado, con mayor razón necesitamos un Consejo de Defensa de la Niñez y Adolescencia dotado de todos los recursos y potestades necesarias para intervenir intersectorialmente.
Cada uno de estos siete temas requiere la creación urgente de un pequeño grupo experto y transversal que, a la brevedad posible, pueda elaborar propuestas más detalladas, para ofrecerlas tan pronto el nuevo órgano constitucional entre en funciones. Si hay acuerdo en estos temas, la crispación debiera comenzar a resolverse.
Por Mario Waissbluth, profesor universitario
