El iliberalismo se está diseminando por diversas partes del mundo cuestionando principios democráticos básicos como el Estado de Derecho y, en especial, el debido respeto de los derechos fundamentales. Dicha fórmula ya no sólo es propia de la Hungría de Orbán, sino que ha extendido sus brazos hacia el suelo americano. Y lo ha hecho aplicando algunas de las técnicas del iliberalismo consistentes en la anulación de la independencia de los jueces, así como en el silenciamiento de diversos medios de comunicación social que han levantado una voz crítica frente a los excesos del régimen imperante.
Recordemos la frase de Donald Trump, recientemente difundida a través de Truth Social: “Este juez, como muchos de los jueces corruptos ante los que me veo obligado a comparecer, debería ser ¡¡¡Destituido!!!”. Aludía al juez federal de distrito, James Boasberg, quien, la semana pasada, decidió impedir la deportación de un grupo de ciudadanos venezolanos presuntamente imputados de pertenecer a pandillas criminales. No se trataba de la primera vez que el presidente norteamericano, dirigía sus críticas contra la labor de los jueces cuando percibía que sus decisiones iban en contra de las políticas que ha decidido impulsar, especialmente, en materia de migración.
La invocación, por parte de las autoridades norteamericanas, de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, para justificar la expulsión de 200 venezolanos hacia la mega cárcel salvadoreña, se verificó sin posibilidad de que los presuntamente implicados pudieran defenderse ni cuestionar la constitucionalidad de la ley. Pareciera que el objetivo era actuar en forma tan rápida para deshacerse de elementos “indeseables” para la sociedad que el imperativo de respetar los derechos propios del debido proceso, entre los cuales se encuentra la presunción de inocencia y el derecho a ser oído, pasaron a ser irrelevantes. La prueba está en que la orden judicial de detener las expulsiones perdió eficacia, pues los aviones con los deportados ya habían despegado de Estados Unidos cuando ella se conoció.
Paralelamente, se han eliminado, al menos, siete agencias informativas financiadas con fondos federales -entre ellas Voice of America- atribuyéndoles la práctica de desinformar por difundir juicios críticos contra la administración de Donald Trump. Una lesión al corazón de la libertad de expresión asegurada por la primera enmienda de la Constitución de Filadelfia.
Los ejemplos señalados muestran el peligro que supone, para nuestras democracias, que los líderes elegidos en las urnas, tuerzan la aplicación de las leyes y de los mecanismos institucionales, anulando de paso los contrapesos que son indispensables dentro del Estado de Derecho. Se trata del socavamiento de los cimientos democráticos desde adentro y asumiendo que se actúa legítimamente como portavoz del “pueblo” auténtico cuyos valores se dice representar. El populismo implícito a este actuar es sólo una dimensión de un fenómeno que debiera preocuparnos profundamente.
Por Marisol Peña, Centro de Justicia Constitucional UDD
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