Dorothy Pérez acaba de asumir como Contralora General de la República después de que el Senado prestara su acuerdo a la propuesta efectuada por el Presidente de la República.
Merece un debido reconocimiento el hecho de que una mujer haya alcanzado esa alta función después de casi cien años de vida de la Contraloría, los que se cumplirán en el año 2027. Pero este destacable hecho no puede empañar otro aún más importante: se trata de una abogada de carrera que ha cumplido funciones en distintas unidades de dicho órgano, las que incluyen haber integrado la División Jurídica y la de Toma de Razón, que son de las importantes dentro de él. Para cualquier abogado que haya trabajado en la Contraloría General de la República, la carrera funcionaria es particularmente valorable, pues como decía el ex Contralor Arturo Aylwin Azócar, “un abogado puede formarse en la Contraloría”. Ello, porque esa formación pasa por la corrección rigurosa de sus primeros dictámenes y resoluciones hasta ejercer funciones de mayor responsabilidad vinculadas a su misión principal que es el control de legalidad de los actos de la administración y, también, el control destinado a cautelar el buen uso de los fondos estatales.
Conviene recordar que la administración del Estado encuentra su razón de ser en la atención de las necesidades públicas, lo que justifica plenamente que algunos de los últimos actos en que ha participado la nueva Contralora tengan que ven con una importante auditoría a Fonasa que detectó más de un millón de licencias procesadas fuera de plazo. Del mismo modo, otra auditoría realizada a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, vinculada a tres hospitales públicos, permitió constatar que 84 pacientes no recibieron el respectivo trasplante de órganos, pese a cumplir los requisitos pertinentes. Asimismo, un informe del mes de octubre de este año, detectó 664 cirugías suspendidas en la ciudad de Puerto Montt atribuidas a faltas u omisiones de responsabilidad.
El control de los actos de la administración se encuentra vinculado, pues, al cumplimiento del principio de servicialidad del Estado que la Constitución enuncia señalando: “El Estado está al servicio de la persona humana”. La nueva Contralora ha demostrado, especialmente en sus nueve meses de subrogancia, que comprende perfectamente el alcance de este principio constitucional, lo que nos da muchas esperanzas de cara al inicio de su período de ocho años.
Claro que, para ello, no era necesario, resaltar que es “hija de la educación pública”, como señaló el subsecretario del Interior en su presentación efectuada ante la Comisión de Constitución del Senado al justificar las razones del gobierno para proponer su nombre. Los hijos de la “educación privada” también pueden entender y apoyar la servicialidad del Estado, sin sesgos inconvenientes, para convocar a los mejores al ejercicio de las responsabilidades públicas.
Por Marisol Peña, Centro de Justicia Constitucional UDD
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