La convocatoria al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), del 5 de febrero, ha dejado una sensación generalizada de desazón. En palabras del Presidente de la República, el llamado tenía por objeto “recibir aportes y comentarios para el proyecto de infraestructura crítica que nos permitirá contar con dotación militar en lugares críticos”.
Como puede advertirse, la convocatoria se realizó por un tema puntual, procurando “empujar” los proyectos de ley actualmente pendientes en el Congreso Nacional, como el que regula el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en la protección de la infraestructura crítica, así como el que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, pendiente desde 2018.
Solo así se explica la reunión del Cosena a comienzos de este mes. Ello, después de que algunos pensáramos que se había producido a su respecto una especie de mutación constitucional que, prácticamente, lo dejaba con un carácter simbólico en la Constitución, pese a las reformas que se le habían introducido a través del tiempo.
Lo cierto es que el estado de inseguridad que vive el país, y que ocupa el primer lugar en las encuestas de percepción ciudadana, exige repensar el rol del Cosena, aunque con otro perfil. Por lo mismo, durante el primer proceso constituyente de 2021-2022 propusimos su reemplazo por un órgano similar al National Security Council, instituido por el Presidente Truman en Estados Unidos.
En efecto, los temas de inseguridad ciudadana, el avance del crimen organizado, la necesidad de proteger eficazmente nuestras fronteras y los desafíos derivados del cambio climático, entre otros, exigen que el jefe de Estado cuente con un órgano asesor, del más alto nivel, en materia de seguridad nacional, pero también de política exterior. Para esos efectos, la integración actual debe ser complementada con la presencia permanente de los ministros a cargo de los cuatro campos de acción de la política nacional involucrados (Interior y Seguridad Pública, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Hacienda), además del director nacional de Inteligencia.
Chile no puede seguir abordando estas materias sin una planificación de largo plazo y basándose en reformas puntuales, como la que introdujo la protección de la infraestructura crítica en la Constitución. Los órganos colegisladores deberán ejecutar los lineamientos que deriven de las propuestas del Cosena, que el Presidente debe hacer suyas, entendiendo los deberes que la Constitución le asigna al Estado de resguardar la seguridad nacional y dar protección a la población y a la familia. Y, por supuesto, sin complejos sobre el imperativo de usar la fuerza cada vez que sea necesario, porque el respeto a los derechos fundamentales puede conciliarse perfectamente con los fines que se persigan bajo criterios claros como la necesidad, la proporcionalidad, la gradualidad, la racionalidad y la responsabilidad.
Por Marisol Peña, Centro de Justicia Constitucional UDD
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