Chile está atravesando una profunda crisis demográfica. Datos del Instituto Nacional de Estadísticas señalan que la Tasa Global de Fertilidad es de 1,17 hijos por mujer, muy por debajo de la tasa de reemplazo de la población. Este drástico descenso en la fertilidad es consecuencia no solo de una disminución del tamaño de las familias, sino también de un aumento importante en el porcentaje de mujeres que se convierten en madres a edades más avanzadas y que terminan su vida fértil sin hijos. Estas tendencias demográficas son críticas por sus profundas consecuencias para las dinámicas de población y organización de la sociedad. El descenso de la fertilidad tiene un impacto directo sobre el decrecimiento y envejecimiento de la población, lo que a su vez amenaza la futura fuerza laboral, el crecimiento económico, y la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social del país.
Si bien el descenso de la fertilidad tiene que ver con importantes avances en materia de autonomía reproductiva y equidad de género, por sí solos estos factores no son suficientes para explicar la crisis demográfica del país. La prevalencia de una infertilidad estructural, la falta de condiciones sociales para tener y criar hijos, es hoy uno de los principales factores que explican que en Chile nazcan cada vez menos niños. Diversos aspectos como las desigualdades de género en la familia, las crecientes exigencias de la parentalidad, la penalización de las madres en el mercado laboral, el aumento de los costos de vida, la falta de soportes públicos para la crianza y el cuidado, y la pobreza de tiempo, son imprescindibles para hacer sentido del drástico descenso de la fertilidad.
Para enfrentar esta crisis demográfica, es necesario desarrollar más y mejores políticas públicas para enfrentar la infertilidad estructural que nos aqueja como sociedad. La evidencia internacional demuestra que el nivel de gasto público en las familias tiene una correlación relativamente estrecha con las tasas de fertilidad, y es por ello que hoy países desarrollados destinan entre 1% y 4% de su PIB a financiar medidas específicas de apoyo para las familias. Estas medidas incluyen, por ejemplo, mejorar los servicios de cuidado para niños, extender el permiso posnatal para madres y padres, entregar incentivos económicos directos e indirectos, flexibilizar la jornada laboral, subsidiar viviendas sociales, y ampliar el acceso a la reproducción asistida.
Si bien es difícil estimar el efecto de las políticas públicas en las dinámicas demográficas, la experiencia comparada a nivel global demuestra que para estabilizar las tasas de fertilidad es indispensable ofrecer servicios de guardería de calidad, accesibles y disponibles, que comiencen inmediatamente después de que finalice el permiso parental y cuyo horario de apertura coincida con el horario laboral de los padres. Los países nórdicos, Bélgica y Francia son algunos de los que ofrecen este tipo de servicios y destinan una gran parte de su gasto familiar a la atención infantil pública.
Hoy se están discutiendo en el Congreso dos proyectos de ley que representan un avance sustantivo en esta dirección: la sala cuna universal y el sistema nacional de apoyos y cuidados. Garantizar una infraestructura pública para los cuidados durante la infancia y a lo largo del curso de vida es fundamental no sólo para fomentar la participación de las mujeres en el mercado laboral, fortalecer su autonomía económica y potenciar el crecimiento económico, sino también para frenar el drástico descenso de la fertilidad y abordar envejecimiento de la población. Para crecer, debemos repensar cómo cuidar.
Por Martina Yopo, PhD, académica del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile
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