La deserción escolar en Chile es un problema que persiste, sin que las políticas públicas logren abordarlo de manera efectiva. Con más de 47.500 estudiantes fuera del sistema educativo, no podemos ignorar las causas que impulsan este fenómeno, ni subestimar sus consecuencias. Las respuestas deben ir mucho más allá de los planes de reactivación actuales; requieren una estrategia integral que aborde factores socioeconómicos, académicos y de seguridad escolar.
En primer lugar, las familias de bajos ingresos enfrentan dificultades que impactan directamente en la educación de sus hijos. Para muchos jóvenes, la necesidad de aportar a la economía del hogar se impone sobre la continuidad de sus estudios, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad.
El sistema educativo, en segundo lugar, conlleva una rigidez curricular que en ocasiones ignora sus contextos. Es difícil que los estudiantes encuentren relevancia a la asistencia a clases en contenidos que no se ajustan a sus intereses o que no ofrecen habilidades prácticas para enfrentar la vida.
En tercer lugar, la Ley de Inclusión, al imponer restricciones para la apertura de nuevos colegios y propiciar el cierre de otros, ha limitado las opciones y la libertad de enseñanza. Por otro lado, el Sistema de Admisión Escolar (SAE), con su sistema de asignación aleatoria, ha dejado a muchos estudiantes sin matrícula o en colegios que no eran de su preferencia, lo que incrementa la probabilidad de deserción.
En cuarto lugar, se suma el aumento de las denuncias por violencia en los establecimientos educativos, generando un ambiente hostil e inseguro. La falta de medidas efectivas para abordar y prevenir estas situaciones ha creado un círculo vicioso, donde la inseguridad en el aula se traduce en ausentismo y, en algunos casos, en deserción escolar.
Por último, para enfrentar la deserción escolar de manera efectiva se debe diseñar una política pública que proporcione incentivos correctos a través de transferencias condicionadas para evitar que el costo de oportunidad sea más alto que el beneficio de acceder a la educación. Por su parte, se debe flexibilizar el currículum para adaptarlo a las necesidades actuales y ofrecer alternativas educativas como las escuelas de segunda oportunidad. Asimismo, es necesario revisar la Ley de Inclusión y el SAE, asegurando que no se limiten las opciones educativas. Además, es urgente restablecer la seguridad en los establecimientos, garantizando un ambiente propicio para el aprendizaje. Solo una política integral que considere estas dimensiones puede frenar de forma más efectiva la crisis de asistencia y deserción, asegurando que todos los jóvenes tengan acceso a una educación que realmente les permita construir un mejor futuro.
Por Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación UDD
