En el contexto del cruento asesinato de tres carabineros en Cañete, uno de los términos más utilizados es el de “punto de inflexión”. En teoría, un punto de inflexión es un quiebre en alguna tendencia, o una coyuntura crítica que produce cambios significativos en las reglas del juego. Mi argumento es que no se ha producido punto de inflexión alguno en el desempeño de la clase política, sin perjuicio del avance de ciertos proyectos vinculados a seguridad pública. Lo más grave es que esta parálisis de la elite va a contrapelo de una ciudadanía que sí ha marcado numerosos quiebres de opinión especialmente sobre conflicto social, delincuencia, y confianza institucional. Entonces, lo que está sucediendo es una agudización en las brechas de representación entre gobernantes y gobernados. Todo esto, en medio de una doble crisis de gobernabilidad y de estatalidad.
Respecto a la clase política, el crimen de los tres carabineros ha producido múltiples respuestas, no todas racionales. El gobierno sigue sofocado por la crisis de seguridad, el Congreso saca leyes a tirones, las soluciones frente al terrorismo siguen determinadas por las posturas ideológicas, el gobierno repite una y otra vez que no descansará hasta dar con los responsables, la oposición fustiga al gobierno por la mano blanda frente al delito, y algunos dirigentes de derecha exigen la salida de la ministra y el subsecretario de Interior. Aún no aparecen liderazgos capaces de ordenar la discusión. Y, evidentemente, muy pocos debaten sobre las crisis que acabo de mencionar. Es decir, la crisis de gobernabilidad, que supone inestabilidad política, conflicto social, y crisis económica, y la crisis de estatalidad, cuyo daño es incluso más estructural pues supone la ausencia del Estado de Derecho en algunos territorios del país. La simultaneidad de ambas crisis allanan el camino para líderes populistas, pero también para figuras autoritarias que se nutren del clamor por más mano dura.
En paralelo con una clase política incapaz de reaccionar frente a la crisis, la opinión pública viene marcando varias tendencias. La reciente encuesta Bicentenario-UC muestra una alta percepción de conflicto, especialmente entre “gobierno y oposición” (81%), “izquierda y derecha” (81%), “chilenos y migrantes” (78%), “estado chileno y mapuche” (82%). Esa misma encuesta indica que los niveles de confianza en las instituciones de orden- Carabineros y Fuerzas Armadas, por ejemplo- bordean el 40%, muy por sobre el vergonzoso 1% que registran los partidos políticos y los legisladores. Sin embargo, la elite persiste en producir aún más conflicto, orillando a los ciudadanos a optar por alternativas o soluciones no convencionales. Esto es una clara muestra de que los políticos se sienten indispensables e invencibles, pero todo tiene un límite.
Entonces, por más cruento, brutal y abominable que haya sido el asesinato de los tres carabineros, da la sensación de que los tomadores de decisiones están congelados y que la ciudadanía va varios pasos adelante. Dicho de otro modo, los votantes van más rápido que sus propios gobernantes. El problema de eso es que basta una oferta política más osada- no necesariamente de mejor calidad- que aglutine el malestar, que transforme ese malestar en votos, y que se lleve por delante los partidos, sus representantes y, por qué no, la democracia. He ahí el peligro.
Por Mauricio Morales, académico Universidad de Talca
