La actividad delictual es un mal social que genera consecuencias negativas para el bienestar de personas y la sociedad. Los estudios de costos del delito identifican la cuantía de las pérdidas y gastos para enfrentarlo y, por extensión, el tamaño de este problema social. El método contable es el que es comúnmente usado para estas estimaciones. Considera los gastos efectuados en anticipación del delito (guardias, cámaras y similares), las pérdidas como consecuencia de delito (la suma de lo robado y hurtado, el ingreso no percibido por homicidio, lesiones, agresiones sexuales y violencia intrafamiliar) y los gastos en respuesta al delito (el costo de los órganos a cargo de política de prevención, seguridad pública, cárceles, atención a las víctimas, de las policías, Ministerio Público y Poder Judicial).
Un estudio de mediados de la década del 2005 (Olavarría, 2005) estableció que el costo del delito en Chile era de 2,06% de PIB. Las pérdidas más significativas estaban producidas por robos, hurtos, robos de vehículos y violencia intrafamiliar, los que casi duplicaban a los gastos del Estado en respuesta a los delitos.
Una década después otro estudio (Olavarría, 2015) estimó los costos del delito en Chile en 2,42% del PIB, lo mismo que Uruguay, superior al de Costa Rica (1,95%) e inferior al de Honduras (4,78%) y al de Paraguay (3,81%). En el caso chileno los costos más significativos eran los generaban las consecuencias del delito, en los que la violencia intrafamiliar era el mayor en este ítem, seguido de las pérdidas por homicidio y lesiones. Luego venían los costos en anticipación del delito y los gastos del Estado para enfrentar al crimen, cuya cuantía era menos de un tercio del costo total del delito en Chile. En este estudio no se pudo acceder a información acerca del costo de construcción y mantención de cárceles, como había ocurrido con el estudio de 2005, lo que sugiere que el costo del delito chileno de 2015 es mayor al 2,42% del PIB estimado.
Asimismo, un estudio de los costos de la droga en Chile (Olavarría, 2009) estimo en 1,03% del PIB las pérdidas del país por este flagelo, en que los costos por la ingesta excesiva de alcohol era la mayor parte y en que el mercado de la droga estaba principalmente constituido por el consumo de marihuana, pasta base y cocaína.
También es necesario tener presente que los costos estimados por ambos estudios se centraron en delitos de mayor connotación social, homicidio, lesiones y agresiones sexuales y los costos que estos provocaban a los hogares. No estimaron costos del crimen generados al comercio, empresas y organizaciones.
Otro tema que es necesario considerar acerca del tamaño del problema delictual, los costos que genera y su evolución al presente es la nueva criminalidad que ha emergido en Chile, más violenta, asociada a crimen organizado y con prácticas importadas de otros países de la región. La tasa de homicidios se ha triplicado en el país desde la fecha de esos estudios, el consumo de drogas ha ido en rápida alza – con nuevas drogas –, lo mismo que las estafas y delitos económicos; el robo de autos ha evolucionado hacia formas de extrema violencia, como los portonazos, abordazos y encerronas, el robo en casas y comercio ha girado hacia los turbazos, y las extorsiones y secuestros extorsivos ya son una realidad en Chile.
Todo ello muestra que el tamaño del problema y que los costos y pérdidas que genera ha crecido significativamente a lo largo del siglo XXI. Chile ya no es un país de delitos de bagatela, como se afirmaba hasta mediados de la década del 2010. Ello demanda que enfrentar al crimen sea la primera prioridad del sistema político. Sin seguridad y orden público efectivo, el Estado democrático se debilita. Los ciudadanos demandamos intervenciones novedosas y efectivas. No se pueden obtener mejores resultados, haciendo lo mismo a través de los años, porque el crimen sabe cómo actúa el Estado. Habrá, entonces, que diseñar e implementar nuevas estrategias, tanto en el plano de la prevención social y situacional, como principalmente en estrategias de control que consideren que los delincuentes son seres racionales que se comportan estratégicamente para alcanzar sus fines.
Por Mauricio Olavarría Gambi, Departamento de Estudios Políticos
Universidad de Santiago de Chile.
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