Al observar la evolución reciente de las pensiones en Chile es imposible desconocer el impacto de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que multiplicó por 2,5 veces el componente solidario del sistema entre 2018 y 2022, traduciéndose en un alza de más de 48% del piso de pensión: de 3,95 UF con la Pensión Básica Solidaria en julio de 2018, a 5,86 UF con la PGU en julio de 2022 (Asociación de AFP, 2023). El impacto fiscal de esta política pública es enorme: la PGU y el aporte solidario sumarían un gasto de 2% del PIB durante este año (Cifuentes, 2023).
Consecuentemente, en la discusión sobre pensiones que se avecina es importante que gobierno y oposición reconozcan el gran esfuerzo que ha hecho el país en mejorar el pilar no contributivo, que ha resuelto en gran parte las bajas tasas de reemplazo para las familias de bajos ingresos. De hecho, la pensión básica chilena supera al promedio de la OCDE.
Así, la fase que viene en la discusión debería centrarse en el pilar contributivo: ¿cómo reducir la informalidad laboral? ¿Cómo aumentar la densidad de las cotizaciones? ¿Cómo aumentar paulatinamente la edad legal de jubilación, dada la creciente expectativa de vida? Esto último cobra especial relevancia debido a las discusiones internacionales sobre el tema y los estudios recientes sobre el caso chileno. Por ejemplo, en base a experiencias internacionales, Ruiz (2022) propone aumentar la edad legal de jubilación de hombres y mujeres en Chile a 67 años en un horizonte de 15 años.
Otros temas que deben zanjarse son permitir que los cotizantes escojan entre privados y potencialmente un ente público para administrar el total de los fondos, mantener el DL 3.500 y poner límites al monto y cobertura de la PGU: por ejemplo, mantenerla en la línea de la pobreza, como plantea un estudio de expertos en pensiones convocados por Clapes UC (2023).
Finalmente, un tema contencioso es el 6% de cotización adicional, que el proyecto del Ejecutivo propone destinar a fines redistributivos bajo un esquema de cuentas nocionales. Desde un punto de vista técnico, las cuentas nocionales presentan problemas bien documentados: menor rentabilidad, potencial captura política del sistema (y por ende del dinero de los afiliados) e inviabilidad política de modificar los parámetros en pos de la sustentabilidad financiera. Es positivo que el gobierno se abra a buscar alternativas y, en este sentido, el mismo estudio de Clapes UC propone que 4,2 pp. de la cotización adicional se destine a cuentas individuales y 1,8 pp. a fines redistributivos entre quienes coticen, y que la solidaridad con quienes no cotizan se resuelva a través de impuestos generales.
Ante la experiencia fallida de dos gobiernos previos en aprobar una reforma integral al sistema de pensiones, es necesario -como planteó la ministra del Trabajo, Jeannette Jara- que el Congreso tenga una discusión amplia y construya una mayoría que permita zanjar este tema por el bien del país. Es de esperar también que se escuchen a los expertos y que se tomen decisiones basadas en la evidencia y mejores prácticas internacionales.
Por Mauricio Villena, decano Fac. de Administración y Economía UDP
