El Imacec de diciembre, con un retroceso de 1%, confirmó el paupérrimo desempeño de la economía chilena el año 2023, la cual registró una caída de 0,2% para todo el año. Para poner en perspectiva este resultado, el promedio del crecimiento del PIB los primeros dos años del gobierno alcanza un 1,3%, la peor cifra comparativamente desde el retorno a la democracia. Esto se suma al déficit mostrado por el balance fiscal efectivo acumulado durante 2023 que alcanzó un 2,4% del PIB y el aumento de la deuda bruta del fisco que cerró en 39,7% del PIB, ambos resultados mayores a lo proyectado. Todo esto en un escenario donde los ingresos fiscales cayeron un 12,5% real, con caídas relevantes en la recaudación por impuesto a la renta e IVA, lo que refleja una demanda agregada que no se recupera.
Ante estos resultados cabe preguntarse ¿qué hacer? Ciertamente no basta esperar la normalización de la política monetaria del Banco Central que continuará con la baja de las tasas de interés y de la Reserva Federal que ya en mayo se espera empiece a bajar tasas.
Una primera tarea es recuperar la inversión pública. La DIPRES registra un avance del gasto de capital de solo 82,2% respecto a la Ley de Presupuestos que había aprobado el Congreso, el menor porcentaje desde que hay datos comparables, esto es: la subejecución de la inversión pública el año 2023 dejó más de US$ 2.500 millones sin gastar. Esto pasa ciertamente por mejorar los equipos técnicos y de gestión de los ministerios constructores, llámese el MOP, MINVU y MINSAL y de los equipos de inversión de los GORES, donde deben realizarse cambios a todo nivel. También debe llamar a cambios en la DIPRES, la cual no puede contentarse con sustituir el gasto dedicado a inversiones por gasto corriente y gasto dedicado a personal, para cumplir con la meta de gasto de 100% de la Ley de Presupuestos aprobada, sino que también debe preocuparse por la calidad del gasto público. Este ha sido un sello histórico de la Dirección de Presupuestos, que en el espíritu de una política Keynesiana, durante periodos económicos recesivos, se ha preocupado siempre de impulsar el gasto en inversión en proyectos de infraestructura, actividad que es intensiva en mano de obra, lo que contribuye a combatir el desempleo y a reactivar la actividad económica.
Una segunda tarea es incentivar la inversión privada. Junto a las condiciones económicas generales, la confianza y las expectativas futuras son determinantes para la inversión empresarial. Un gobierno que pone un énfasis desmedido en el rol del estado en la actividad económica y que no considera la perspectiva privada, puede afectar de manera importante la inversión empresarial. Aquí es clave realizar cambios significativos en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y en el Ministerio del Medio Ambiente que no sólo han fallado en tener como aliados al sector privado en la tarea de generar valor económico para la sociedad teniendo en mente las metas de desarrollo sostenible, sino que también han sido acusados de un sesgo antiempresarial en su gestión. Es importante notar que sin rol empresarial privado, tampoco es factible aumentar la inversión pública del estado, es clave una participación pública-privada.
Por último, es importante terminar con la incertidumbre tributaria. Los agentes económicos requieren conocer su carga tributaria en un horizonte de mediano plazo que les permita planificar sus acciones. Aquí es relevante entender que no toda necesidad de recursos fiscales adicionales debe pasar necesariamente por un aumento impositivo. El Ministerio de Hacienda debe tener como principal misión cerrar el capítulo tributario teniendo en cuenta toda alza significativa de impuestos tiene un impacto negativo en la inversión y en el crecimiento, que es justamente lo contrario a lo que se quiere propiciar en el país en los próximos años.
Mauricio Villena, Decano de la Facultad de Administración y Economía de la UDP.
