Al celebrar 96 años como una de las instituciones más prestigiosas y técnicamente calificadas del Estado, la Dipres se encuentra en medio del escándalo de corrupción por el “caso Fundaciones”. Se le acusa, en el marco de la Ley de Presupuestos 2023, de relajar los estándares de adjudicación de recursos desde los Gobiernos Regionales (GORE) a organizaciones sin fines de lucro, facilitando el mal uso de recursos públicos. Entre otros, se eliminaron los años mínimos de experiencia y el paso de las resoluciones de transferencias por la Subdere; se amplió el ámbito de giro de las fundaciones para transferencias desde programas antes no estipulados, y se cambió la exigencia de ejecución: los recursos se entenderán presupuestariamente ejecutados desde la fecha en que se transfirieron.
Desde un punto de vista técnico, ¿son estos cambios una mejora? Primero, considerar los recursos transferidos como ejecutados limita las posibilidades de control de la Dipres. Al eliminar el pago total por producto terminado y recepcionado (sin solicitar boletas de garantía) hay menos incentivos para que las fundaciones terminen con prontitud y altos estándares la labor encomendada. Para promover la ejecución de proyectos e incentivar a las organizaciones a terminar su trabajo, el pago debería asociarse al grado de avance. Segundo, se crean incentivos perversos para los GORE, que ahora tendrían como objetivo traspasar recursos a organizaciones (sin importar su experiencia previa) para cumplir las metas de ejecución. Ello también propicia pagos a fundaciones “amigas”, de igual orientación política, o directamente entre personas del mismo partido, lo que deja dudas de si el objetivo último es la ejecución o el financiamiento de organizaciones políticas afines. Tercero, el espíritu de la ejecución presupuestaria va más allá de meras transferencias de recursos. Lo valioso para la economía es la realización de obras y/o servicios que implican compra de insumos, contratación de personas y, en algunos casos, producción y adquisición de capital físico. En particular, la ejecución de gasto de capital es relevante pues un aumento en la inversión implica producción y adquisición de capital físico; así, el gobierno contribuye a reactivar la economía incentivando la construcción y la producción y distribución de activos físicos. Bajar el estándar de ejecución presupuestaria de los GORE, sobre todo del gasto de capital, puede limitar el impacto de la política fiscal.
En estos tiempos de crisis y ad portas de un nuevo aniversario, es válido evaluar si, para mantener el carácter técnico de la Dipres, es necesario que el cargo de director(a) se asigne vía un concurso de Alta Dirección Pública abierto y transparente, que atraiga liderazgos de probada capacidad técnica y experiencia, a fin de velar por la asignación y uso eficiente de recursos públicos, independiente del gobierno de turno.
Por Mauricio Villena, decano de la Facultad de Administración y Economía UDP
