Columna de Mauricio Villena y Daniela Sugg: Avancemos hacia una planificación sanitaria

El Presupuesto 2024 establece el sector salud como una prioridad, con $1,07 billones (millones de millones), un alza de 8,1%, respecto de 2023. Aunque es una cifra considerable, surgen interrogantes sobre la asignación de estos recursos. ¿Se destinan para ampliar la cobertura o cerrar brechas históricas?

Este presupuesto busca abordar problemas financieros de arrastre debido a un aumento en la actividad asistencial y la complejidad de los problemas de salud. Un presupuesto diseñado principalmente para financiar gastos, sin promover mejores resultados en el sector, puede llevar a la racionalización de los servicios y a una disminución en la calidad de atención.

Comprender la asignación efectiva de recursos es difícil observando solo el presupuesto. Cambios contables impiden evaluar los desembolsos en licencias médicas y el impacto financiero del copago cero. Suponiendo una ejecución normal de las inversiones, es muy probable que el gasto final sea mayor de lo anunciado.

Uno de los ejes del gasto es la normalización financiera de la red asistencial. Es necesario ser cautelosos en las comparaciones, ya que se cambia la modalidad de financiamiento en algunos hospitales. Aunque hay un aumento neto de $465.360 millones (MM) para los hospitales de la red, es crucial corregir por actividad, complejidad y, sobre todo, por precios que reflejen costos eficientes de operación. Debe establecerse una institucionalidad que permita deliberar y acordar precios asociados al pago por Grupos Relacionados por el Diagnóstico, para que no se conviertan en meros aranceles que solo se ajusten al presupuesto asignado.

En relación con la red privada de salud, la modalidad libre elección se incrementa en 40,5%, alcanzando los MM$709.353. Sin embargo, faltan incentivos para promover su eficiencia y para que aborde soluciones integrales de salud, yendo más allá de lo que hacen actualmente las Isapres. Además, se asignan MM$135.382 para cumplir el compromiso de pagar el 40% de la deuda con las clínicas y reducir las listas de espera en la red privada; pero es esencial aclarar cuándo se pagará el resto de la deuda -la incertidumbre afecta la provisión de servicios- y detallar un plan para reducir dichas listas de espera.

El presupuesto debe no solo detallar montos y variaciones, sino también ser revisado a la luz de resultados esperados y metas, como la atención a la población, reducción de listas de espera, inclusión de nuevas terapias y mejora de la satisfacción del usuario. Es fundamental avanzar hacia una planificación sanitaria que guíe el presupuesto anual, en lugar de basarse únicamente en el pago de gastos de arrastre y gasto incremental.

Asimismo, sería beneficioso reportar datos públicos sobre prestaciones a usuarios en toda la red pública, para facilitar el análisis de diagnósticos, brechas y la efectividad de planes y programas utilizando herramientas de ciencia de datos.

Por Mauricio Villena y Daniela Sugg, Facultad de Administración y Economía UDP