Columna de Mauricio Villena y Rodrigo Montero: Pacto fiscal y crecimiento económico

Usando las proyecciones del Informe de Finanzas Públicas (IFP) de julio de 2023, Hacienda estima un crecimiento económico promedio de 1,9% para el período 2022-2025 que cubre la duración de la administración del Presidente Boric. Estas proyecciones son consistentes con el rango más positivo señalado en el IPoM de septiembre para el mismo período. Al considerar todos los gobiernos desde el retorno a la democracia, es ya casi un hecho que el gobierno del Presidente Boric no saldrá bien ranqueado en términos de crecimiento económico: superando sólo a la segunda administración de Michelle Bachelet, donde el PIB tuvo un avance de 1,7% entre 2014 y 2017. Para un país acostumbrado a crecer por sobre el promedio mundial, este año crecerá incluso por debajo del promedio del continente que también tuvo que realizar ajustes fiscales y políticas monetarias contractivas. De hecho, según proyecciones de la CEPAL, Chile, Argentina, y Haití serán los únicos países de Latinoamérica que no crecerán el 2023.

Sin haber enfrentado un shock como una crisis financiera global, un terremoto, tsunami, un estallido social o una pandemia global, como administraciones anteriores, ¿qué explica estos pobres resultados en términos de crecimiento? Aunque hay muchos factores coyunturales que se podrían mencionar, como una falta de políticas concretas pro crecimiento por parte del gobierno, ciertamente la caída sostenida en la productividad desde los años 90 ha sido clave en un deterioro continuado del crecimiento económico en las últimas 3 décadas: 6,2% en 1990-1999; 4,2% en 2000-2009 y 3,3% en 2010-2019. De hecho, Chile actualmente se encuentra entre los cuatro últimos lugares de la OCDE en términos de productividad y la meta del gobierno de lograr una productividad de un 1,5% durante su período se ve compleja de alcanzar.

En la teoría económica, la productividad es la cantidad que puede producirse con determinado nivel de mano de obra; en términos prácticos, mayor productividad implica que las empresas pueden producir más bienes y servicios con la misma cantidad de trabajo, y esto para cada nivel de precios, siendo una medida de ello la producción por trabajador. Ciertamente, para lograr una mayor productividad es necesario diseñar e implementar políticas públicas de largo plazo, y lograr acuerdo en temas institucionales, tributarios, de investigación y desarrollo, capital humano, mercado laboral e inversión en infraestructura. Un ejemplo sería el ampliar el acceso a la atención de primera infancia, y aumentar y mejorar el financiamiento de la educación preescolar, lo que podría mejorar tanto el desempeño de niños de familias con bajos ingresos como la participación de la mujer en el mercado laboral.

Pero también existen medidas de corto plazo que se podrían realizar para fomentar la inversión (Formación Bruta de Capital Físico), clave para el crecimiento económico, para la cual no se vislumbran proyecciones favorables. Según cifras de la Comisión de Evaluación y Productividad, la situación actual respecto de autorizaciones de inversiones muestra 439 solicitudes en trámite, 309 permisos y 63 en categoría de “permisos críticos”, en cuyas diferentes instancias, intervienen en el proceso hasta 71 instituciones públicas. Es clave lograr un nuevo entendimiento público-privado para potenciar la inversión, que permita reducir de manera importante los tiempos promedio de tramitación, mejorando la calidad de gestión.

Y es que al contrario de lo que a veces se señala el crecimiento económico no es sólo a favor de las empresas o lo privado, este es clave para la reducción de la pobreza. Por ejemplo, Henoch y Larraín (2015) muestran empíricamente que entre 1990 y 2013, el crecimiento explicaría un 67% de la reducción en la tasa de pobreza. Es clave que nuestras autoridades entiendan que lo que dejamos de hacer en términos de crecimiento hoy implicará una mayor pobreza para los chilenos mañana.

Por Mauricio Villena, decano Facultad de Administración y Economía, Universidad Diego Portales; y Rodrigo Montero, decano Facultad de Administración y Negocios, Universidad Autónoma de Chile